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Titulares

Piden la indagatoria de Etchevehere

Los fiscales Alejandro Cánepa y Viviana Ferreyra solicitaron formalmente la indagatoria del actual ministro de Agroindustria del gabinete de Mauricio Macri, el entrerriano Luis Miguel Etchevehere en una causa por administración fraudulenta que inició en 2011 su hermana, Dolores Etchevehere, y que salpica a toda su familia.



El pedido de indagatoria alcanza también a otro funcionario de Macri, Juan Diego Etchevehere, hermano del ministro, y delegado en Paraná del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom); a Arturo Sebastián Etchevehere, el cuarto hermano, y a la madre de todos ellos, Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere.

La causa original, por defraudación, ha sido ampliamente difundida por el periodista Sebastián Premici por medio del diario Página 12, aunque la pesquisa que inició la Justicia de Entre Ríos avanzó mucho más e implicaría, además, la imputación a los Etchevehere por el supuesto delito de vaciamiento de la empresa Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la editora de El Diario, en la que la familia tiene el 40% del paquete accionario. El otro 60% está en manos del empresario rosarino ligado al urribarrismo Ramiro Nieto. De acuerdo a lo revelado por distintas fuentes judiciales, la operatoria de “vaciamiento” que se investiga dejó a El Diario con la pauta publicitaria del Gobierno totalmente embargada y con su edificio emblema, el ubicado en Urquiza y Buenos Aires, en manos curiosas: la Mutual 10 de Abril. El trámite de escrituración a nombre de los nuevos dueños está a un paso de concretarse.

Uno para todos

En 2011, la firma Las Margaritas SA –conformada por la familia Etchevehere- recibió sendos préstamos, entre julio y agosto de 2011, por u$s 200.000 y u$s 50.000, respectivamente, a tasa subsidiada y, en teoría, destinados a actividades productivas, aunque en el camino fueron desviados para un fin específico: el dinero se distribuyó entre los socios de Las Margaritas SA: Luis Miguel Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere. El monto distribuido entre los socios fue de $1.066.000.

El préstamo solicitado al Itaú fue en dólares, a una tasa del 8% anual. Pero los socios de Las Margaritas, que fueron los únicos destinatarios de ese auxilio financiero en teoría para fines productivos, devolvieron el dinero a la sociedad con cheques de pago diferido, en pesos y a una tasa de interés mucho más beneficiosa. Así, mientras el dólar se disparaba, y así también el costo financiero del préstamo con Itaú, lo que devolvían los socios era un monto inalterable. El desfase fue tal que Las Margaritas debió pedir otro crédito, esta vez al Banco Nación, también a tasa subsidiada, por un valor de $900.000, para enfrentar la emergencia agropecuaria, pero que en realidad se utilizó para saldar la deuda con el Itaú.

Esa es la parte medular de la denuncia de Dolores Etchevehere contra sus hermanos y su madre.

La causa avanzó a paso lento, hasta que en noviembre pasado se resolvió un planteo hecho por la defensa de la familia Etchevehere respecto de la apertura del secreto fiscal, que aportó información valiosa a la Justicia que permitió avanzar en la causa, y perfil la investigación hacia otros supuestos delitos.

El pedido de indagatoria para el ministro Etchevehere, sus hermanos y su madre tramita en el marco de la causa N° 6.418 caratulada “Estafa. Denuncia de Dolores Etchevehere” fue elevado para su resolución a la jueza de Transición N° 2, Susana María Paola Firpo, que ahora tiene a su cargo el expediente. Se trata de misma magistrada que a poco de entablarse la causa, en 2011, y a pedido de la fiscal Laura Cattáneo, decidió mandar al archivo la causa. Dolores Etchevehere, convertida en querellante, apeló la medida, y un tribunal de alzada revocó el archivo de la investigación. En agosto de 2016, y con Firpo reubicada en el Juzgado de Garantías N° 1, en reemplazo de Marina Barbagelata, a cargo del Juzgado de Transición N° 2, quedó Pablo Zoff.

En el mes de diciembre de 2016, los fiscales Cánepa y Ferreyra piden por primera vez la indagatoria de los Etchevehere, medida que luego es suspendida a pedido del propio Ministerio Público Fiscal al presentar la querellante nueva documentación y ante la certeza de que la causa podría tener un giro sorpresivo. Efectivamente, la Justicia avanzó sobre el supuesto delito de estafa, pero agregó la presunción de vaciamiento en perjuicio de SAER, la empresa editora de El Diario. Los fiscales entonces piden el levantamiento del secreto fiscal sobre los socios de Las Margaritas, petición que es acogida favorablemente por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Sin embargo, esa medida de prueba fue cuestionada por los abogadores defensores de la familia Etchevehere, Lepoldo Lambruschini y Julio Federik, pero el juez Zoff no hizo lugar a la queja. Después de ocho meses, a principios de diciembre el Tribunal de Juicio y Apelaciones, compuesto por los jueces José María Chemez, Elvio Garzón y Elisa Zilli, confirmó lo resuelto por Zoff y rechazó la apelación. Pero la causa tendría un nuevo imponderable: antes de finalizar el año, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) decidió cambios en su estructura funcional y el  juez Zoff pasó a integrar el Ministerio Público Fiscal. El lugar lo ocupó ahora Firpo, que debió empezar a entender de cero en la causa Las Margaritas. Apenas sentada en su despacho, la jueza se enfrenta ahora con el pedido de indagatoria a los Etchevehere elevado por los fiscales Cánepa y Ferreyra.

Pero ya no sólo el delito investigado es el de estafa, sino que con las sucesivas ampliaciones de las denuncias hechas por Dolores Etchevehere, la investigación se encamina también a achacar al ministro de Agroindustria y su familia el supuesto vaciamiento de Sociedad Anónima Entre Ríos, editora de El Diario. Así pues, los fiscales pidieron la instrucción formal contra Luis Miguel Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere y Luis Alberto Guevara, como integrantes del directorio de SAER en el período 2011/2015 por el presunto delito de administración fraudulenta a partir de la fuerte sospecha de vaciamiento de la empresa editora mediante la venta simulada de inmuebles de su propiedad. De momento, sin embargo, no se pidió la indagatoria de Guevara, aunque sí de todos los Etchevehere, pero en la causa por defraudación.

Hay un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), un organismo que depende de la Procuración General de la Nación, que da cuenta de que, al mismo tiempo de que los socios de Las Margaritas SA se repartieron para sí el crédito pedido a tasa subsidiada al Banco Itaú, conformaron una nueva sociedad, Construcciones del Paraná SA.

El periodista Sebastián Premici lo describe así: “Según datos de la AFIP, el contrato social de la empresa Construcciones del Paraná fue suscrito en octubre de 2011. Sin embargo, la empresa, cuyos accionistas son Luis Miguel Etchevehere, sus hermanos y la madre de éstos, no registraba movimientos comerciales al momento de la denuncia efectuada por la Procelac. En una primera comunicación del 27 de julio de 2011, el contador Guillermo Budasoff les manifestó a Leonor Barbero Marcial y Juan Diego Etchevehere que dentro de sus honorarios ya deberían empezar a incluir a la nueva sociedad anónima. Todavía faltaban algunos meses para concretar la autocompra de inmuebles”.

Y agrega: “En la asamblea del directorio de la empresa SAER (editora de El Diario de Paraná) realizada el 20 de marzo de 2012, el Grupo Etchevehere, junto al grupo mayoritario NEA Capital Creativo, decidieron la transferencia de los siete inmuebles por 4,5 millones de pesos hacia Construcciones del Paraná. La operación terminó de concretarse en septiembre de aquel año, luego de recibir las ayudas económicas de AMUS (Asociación Mutual Solidaria”.

La Procelac sostuvo que el “vaciamiento económico y patrimonial de SAER” derivó en un “incremento patrimonial injustificado” por parte del Grupo Etchevehere, al “comprar” los inmuebles a través de una empresa en apariencia insolvente al momento de la operación. Pero la liquidación de los inmuebles que estaban patrimonializados en SAER no comenzó en la asamblea de directorio de marzo de 2012 o en septiembre del mismo año, que fue cuando se realizó la autoventa. Sino que desde el inicio de la relación con los accionistas mayoritario del diario, el grupo NEA Capital Creativo SA, el objetivo sería el “vaciamiento”.

Ese vaciamiento, según la tesis de los fiscales Cánepa y Ferryera, no sólo supuso que SAER asumiera deudas, sino la venta a precios irrisorios de inmuebles de su propiedad, algunos de valor histórico y patrimonial, como el que ocupa la administración de El Diario, en Urquiza y Buenos Aires. La enajenación fue en beneficio de los propios socios de SAER pero con otra sociedad. Como ninguno de los Etchevehere denunciados por Dolores Etchevehre podía incorporar a su patrimonio cualquiera de esos inmuebles propiedad de SAER lo que hicieron fue constituir otra firma, Construcciones del Paraná SA, que integra la familia y el ministro de Agroindustria de Macri. Pero a través de un sistema de triangulación del que participaban la Asociación Mutual Solidaria (AMUS) y la Mutual 10 de Abril.

El puzzle financiero, según la tesis de los investigadores, habría funcionado así: por cada escritura de venta de inmuebles –Urquiza 1119/23 (subsuelo), Urquiza 1119/23, Urquiza 1119/23 primer piso, Urquiza 1119/23 segundo piso, Camoirano 63, Etchevehere s/n, Urquiza y Buenos Aires- se confeccionó un contrato de mutuo –una parte entrega a la otra un bien para que use en provecho y, en un tiempo determinado, se lo devuelva-, del que habrían participado una mutual que hacía las veces de prestamista.

Así, un inmueble insignia de El Diario, el ubicado en la esquina de Urquiza y Buenos Aires, está en trámite de escrituración ante el Juzgado Civil y Comercial N° 7 a nombre de la Mutual 10 de Abril, operación que se pactó en una cifra ínfima, $2 millones.

Las maniobras escondieron un movimiento circular: el vaciamiento consistía en que por cada escritura de venta de un inmueble se confeccionó un contrato de mutuo, emitido por una mutual que hacía las veces de prestamista, y un cheuque a nombre de Construcciones del Paraná SA. Esta sociedad endosaba esos valores a favor de SAER por la escrituración de cada inmueble y luego SAER derivaba los cheques a los prestamistas. De modo que el dinero daba un giro circular, y volvía a su primer dueño, pero las propiedades cambiaban formalmente de dueños, aunque en la práctica quedaban en las manos de los mismos empresarios, con otra sociedad.

Pero a la par que se producían esas transferencias, fueron avanzando distintas causas en el fuero civil contra SAER. Por ejemplo, un juicio de ejecución por deudas impagas por tasas e impuestos a la Municipalidad y a la Provincia, que se entabló a Construcciones del Paraná, que es dueña de varios inmuebles,que SAER le vendió y luego le alquiló. Pero ocurrió un hecho insólito: la demanda no avanzó contra Construcciones del Paraná SA sino contra SAER, que se presentó en el juicio como el deudor efectivo.

También hay un juicio civil entablado por la Mutual 10 de Abril contra SAER por cheques impagos por un valor de $14 millones en el que la Justicia dictó sentencia: embargó la pauta oficial del Gobierno a El Diario.

Todo eso, repartidos en una investigación penal y en varios juzgados civiles de Paraná, lo cual lleva a una fuente judicial a resumir el intríngulis con esta frase: “SAER no tiene nada”.

Aquí la denuncia completa:

Modificado por última vez enDomingo, 31 Diciembre 2017 10:22

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