Fuentes judiciales indicaron a ámbito.com que el titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 51, el juez Mario Ernesto Zuretti (h), desestimó la presentación realizada por SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Particulares) para que las autoridades del Ministerio de Educación convoquen a una mesa de discusión del convenio marco docente.
Por lo pronto, SADOP no fue la única entidad gremial que judicializó el reclamo y exigió declarar la inconstitucionalidad del decreto 52/2018 que desactivó el argumento para convocar a la paritaria nacional. A fines de enero también había sufrido un revés judicial similar una presentación similar realizada por la Unión de Docentes Argentinos (UDA), luego del Decreto 52/2018 dictado por Poder Ejecutivo Nacional.
En ese caso del Juzgado del Trabajo número 60, encabezado por la jueza Alicia Pucciarelli, había entendido que no era "idónea" la vía del amparo porque "no se advierte por parte del Estado Nacional omisión manifiestamente ilegal o arbitraria" con respecto a la paritaria nacional del sector.
En sintonía con esa resolución, la medida adoptada en el fallo de primera instancia conocido este martes se basó en el dictamen presentado por la fiscalía en ese expediente, que consideró "constitucional" la medida, "no habiendo sido atacada con fundamentos serios" por parte del demandante, que "se limita a señalar su carácter baladí y dogmático", según indicaron fuentes judiciales.
Vale recordar que en enero pasado, a través del mencionado decreto, el Gobierno modificó la reglamentación del artículo 10 de la ley 26.075 de Financiamiento Educativo con dos consecuencias para la relación con los gremios docentes.
Por un lado, derribó el argumento que utilizan los sindicatos para el llamado a la paritaria nacional al tiempo que procuró "igualar" la representación gremial en los mesa de discusión nacional. Esta última acción significó recortarle el poder de acción a CTERA, el gremio docente con más fuerza en todo el país.
El decreto 52/2018 disparó una ola de críticas por parte de los sindicatos ya que dio libertad de acción a las provincias para que acuerden los siempre discutidos aumentos paritarios del sector.
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