Calsina recordó que a pesar de las reiterados pedidos del Ministerio, los CEIJA no se pusieron al día con los requisitos que la normativa vigente les impone para funcionar y que tienen razón de ser en el deber de cuidar los intereses superiores de los alumnos y garantizar el derecho que tienen a una educación de calidad.

La ministra señaló que las actuaciones realizadas permitieron establecer que estos centros no entregaban títulos, lo que en algunos casos dio lugar a que los padres tuvieran que realizar acciones judiciales para obtenerlos, lo que provocó grandes perjuicios a los egresados.

Explicó que estas instituciones venían funcionado al margen  de toda la legislación que regula el funcionamiento de la educación privada y subrayó que algunas de las irregularidades más graves en las que incurrieron durante años fueron tener en funciones docentes a personas sin títulos habilitantes, instalaciones deficientes no aptas para el dictado de clases, inscripción de alumnos sin observar la edad tope, falta de dictado de espacios curriculares, incompatibilidades docentes y graves irregularidades administrativas.

Calsina añadió que a todo eso hay que sumar que los centros no contaban con la habilitación ministerial y aclaró que las decisiones del Ministerio se expresan mediante resoluciones y no a través de actas.

También destacó que numerosos ex alumnos de los CEIJA están concurriendo a las delegaciones ministeriales para ser relocalizados en ofertas educativas estatales y gratuitas, que les garantizan la titulación en tiempo y en forma, y que son suficientes para absorberlos.

“El Estado provincial tiene la obligación de garantizar la Educación como bien público y derecho fundamental y no vamos a mirar para otro lado”, concluyó.