La educación virtual obligada a la que se ven sometidas las escuelas desde que el coronavirus irrumpió en la Argentina dejó al descubierto que la tecnoeducación en el país estaba en pañales. Pero, aun así, casi todos los docentes se las ingenian para dar clases a distancia, aún sin experiencia previa.

“La pandemia puso las cosas arriba de la mesa, lo bueno y lo malo. La gente puede ver las tecnologías que tiene a disposición y cómo eso ha impactado en la escuela o no. Eso es lo más importante de este momento”, plantea Paulo Falcón, miembro del Consejo de Gobierno del Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (Ielsac/Unesco).

Falcón advierte que, aun en emergencia, hay que recordar que la Ley de Educación Nacional 26.206 prohíbe de manera expresa la educación a distancia a menores de 18 años. Por ende, indica que es necesario generar marcos normativos que cubran a docentes, a alumnos y a escuelas.

El especialista en gestión universitaria y exfuncionario del Ministerio de Educación de la Nación asegura que es legítimo preguntarse cómo se enmarca la actividad educativa en este tiempo cuando la opción presencial es imposible. ¿Cómo se justifican legalmente algunas iniciativas del Estado, las provincias, las escuelas y sus docentes?, se cuestiona.

En este sentido, apunta Falcón, la emergencia puso en crisis definiciones que van a contramano de las necesidades actuales y del lugar que tiene la tecnología en las políticas educativas. Por eso insiste en la necesidad de generar los marcos para avalar el accionar del Estado en lo que respecta a la educación a distancia y a la labor docente y de los alumnos.

“Que tengamos una ley de educación nacional que prohíbe la educación a distancia para menores de 18 años, salvo algunas pequeñas excepciones, es una definición conceptual respecto de la educación y una posición claramente negativa en términos de valoración de la educación a distancia. Si la educación a distancia está prohibida para los menores de 18, ¿qué estamos haciendo ahora con toda la batería de recursos que están puestos para sostener la educación? Es un tema que la gente que está en educación a distancia lo sabe, pero el común de la gente no”, explica Falcón.

Para el experto, la educación en emergencia precisa definiciones que le den contención, de modo que el trabajo que se está realizando tenga valoración y legalidad. Además, dice, podría ser el momento de replantear ciertas medidas conservadoras que persisten en el sistema educativo.

“En lo inmediato hay que generar un marco que cubra la emergencia, el Estado tiene recursos para hacerlo”, opina Falcón.

Y después, ¿qué?

Falcón considera que las escasas experiencias a distancia que venían desarrollando las escuelas están vinculadas con las normativas rígidas de los sistemas educativos en general. “El encierro que genera la pandemia y la necesidad de la tecnología educativa pusieron en evidencia que hay un montón de cosas que no sabemos hacer”, opina.

El miembro de Ielsac/Unesco sostiene que si bien la normativa para la emergencia es tener la capacidad de resolver lo urgente, también hay que resolver la cobertura de la actividad del docente y reconocer la actividad de los estudiantes.

“Es importante que el aprendizaje pueda ser evaluado y valorado, que haya un marco para las evaluaciones. Hay que proteger la ética de las evaluaciones y que se garantice la igualdad de oportunidades. Si hay algo que queda claro, es que la pandemia no sólo puso en evidencia los claros y oscuros, y la negativa a la educación a distancia, sino también algo que muchos estados daban por cierto: que todos los chicos tenían acceso a datos, a internet o a dispositivos con capacidad tecnológica, y la verdad es que no”, remarca.

Y agrega: “Teníamos mucha desigualdad antes de la pandemia, la desigualdad está creciendo y cuando terminemos la pandemia la desigualdad va a ser mayor. La cuestión es cómo se garantiza que la educación siga siendo una igualadora de oportunidades”.

Falcón considera que hay que animarse a pensar en el día después. “Si este abanico de políticas de Estado que se están desarrollando sobre la base de la tecnología aplicada a la educación no nos sirve de aprendizaje, estaríamos cometiendo un error. Hay que pensar también qué lugar le damos a la educación a distancia después de la emergencia porque si esta herramienta nos sirvió para sostener la educación estos meses, la educación claramente va a cambiar después de la emergencia. La valoración de la educación a distancia tiene que ser otra, por lo menos no puede estar prohibida, tiene que estar aceptada como un complemento válido en los niveles preuniversitarios o en menores de 18 años”, apunta el especialista internacional.

Los chicos, la escuela y la cuarentena

Desigual acceso a medios tecnológicos y a internet.

En Argentina, la suspensión de clases presenciales afecta a más de 10 millones y medio de niños, niñas y adolescentes. Según un estudio de Unicef, el 81% de los hogares con niños y niñas recibe actividades escolares en la cuarentena. Pero el 18% tiene acceso a internet y el 37% no cuenta con una computadora.

Fuente: La Voz del Interior