Los titulares y las imágenes muestran con claridad el clima que se vive en torno a los jubilados y los trabajadores. Después de un miércoles con una brutal represión, hay un escenario económico que es el que sustenta los reclamos.

Los números de la caída de ingresos, tanto en salarios como en jubilaciones, en términos reales son el escenario en el cual se comienza a mostrar un clima social tenso que hasta ahora no se había evidenciado.

Con un escenario económico que tiene su punto de partida en la devaluación de diciembre de 2023, la inflación (en baja, pero sostenida), salarios y jubilaciones que corren detrás y lejos del IPC y una caída del consumo innegable, los datos cerrados de 2024 revelan la profundidad del ajuste aplicado por el gobierno de Javier Milei. Las cifras muestran una marcada pérdida de poder adquisitivo tanto en el sector público como en el privado, mientras que los jubilados se han visto particularmente afectados por la política de recortes.

De acuerdo con el último informe del Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (MATE), en el primer año de gestión de Javier Milei, el salario de los trabajadores estatales sufrió una caída real promedio del 22%, y el de los trabajadores privados retrocedió un 7%. Para dimensionar el impacto, cada empleado público perdió en promedio 3.657.423 pesos a lo largo de 2024, mientras que cada trabajador privado cedió 1.086.304 pesos de su poder de compra. En el caso de los jubilados, la pérdida media rondó los 2.031.242 pesos, ubicando los haberes en niveles de hace casi dos décadas.

Transferencia millonaria y recorte al gasto público

Las pérdidas salariales se tradujeron en una transferencia de ingresos hacia el capital privado por 29,9 billones de pesos. Según MATE, 20,8 billones provinieron directamente de los bolsillos de los asalariados; el Estado dejó de recaudar 6,8 billones en Aportes y Contribuciones, las obras sociales perdieron 1,9 billones y los sindicatos, 422.000 millones.

El ajuste fiscal se hizo sentir también en las jubilaciones. La mínima, que cayó un 18% promedio respecto del último año de la gestión de Alberto Fernández, pasó a ubicarse en niveles de hace 19 años. El Estado, según el informe, “ahorró” más de 10 mil millones de pesos al reducir las transferencias a los jubilados, consolidando un nuevo piso para los haberes de entre 20% y 25% por debajo de 2023.

En total, el gobierno recortó 40 mil millones de gasto público durante 2024, equiparando el nivel de erogaciones al de 2008, cuando el país tenía 7 millones de habitantes menos. Asimismo, la recaudación retrocedió al nivel de 2005, mientras la desigualdad se profundiza a medida que se reduce el tamaño del Estado y se contraen los ingresos de la población.

Salarios como ancla de la desinflación

Con el objetivo de mantener la inflación en los niveles actuales o más bajos, el Ejecutivo apuesta fuertemente a contener dos variables: salarios y cotización del dólar. Las últimas negociaciones paritarias de diversos gremios se han cerrado con pautas que rondan entre 1,7% y 2% mensual, y, aun así, crece la reticencia de la Secretaría de Trabajo para homologar esos acuerdos.

El otro pilar del programa económico de Javier Milei, la contención del tipo de cambio para frenar la escalada de precios también terminó impactando fuertemente en los ingresos, con una inflación que se modera en pesos, pero se desató en dólares.

El recorte: obra pública y jubilaciones

En 14 meses de gestión, Milei redujo el gasto en 46,5 mil millones de pesos, con dos partidas especialmente afectadas: obra pública, con 11,4 mil millones de pesos de ahorro fiscal, y jubilaciones, con 11,3 mil millones de pesos menos por la licuación de haberes. Programas sociales, salarios estatales, transferencias a provincias y subsidios energéticos también sufrieron recortes significativos.

La motosierra se traduce en un país con menor inversión en infraestructura básica, menos viviendas, obras viales y recortes en áreas esenciales como educación, salud y seguridad. Así, casi el 25% de lo que se dejó de erogar el Estado proviene directamente de jubilaciones y pensiones, y otro tanto corresponde a la paralización de proyectos de obra pública.

Jubilados al límite

En ese contexto, la Defensoría de la Tercera Edad advirtió, en su último informe conocido ayer, que un jubilado necesita al menos 1.200.523 pesos al mes para cubrir sus gastos básicos, pero la jubilación mínima de marzo, con el bono congelado de 70.000 pesos, no superó los 350.000 pesos. La canasta de la tercera edad se incrementó 75,2% interanual, impulsada principalmente por la suba de alimentos y medicamentos, este último rubro también afectado por la menor cobertura del PAMI.

Si bien en 2025 hubo aumentos nominales de 2,43% en enero, 2,7% en febrero y 2,21% en marzo, el acumulado de 7,5% del primer trimestre no compensó la inflación real. El congelamiento del bono mantiene a millones de jubilados con incrementos del 5,9% (mínima), 5,6% (PUAM) y 5,4% (pensiones no contributivas), muy por debajo del alza de precios.

Lo único que queda claro es que la brecha entre ingresos y necesidades básicas de la mayoría de los argentinos —tanto activos como pasivos— se ensancha, mientras el Estado se retrae a niveles de gasto y recaudación de una década y media atrás, según los cálculos de MATE.