El aumento de los casos de cáncer en Gualeguaychú, que desde varios sectores adjudican al uso intensivo de agroquímicos, es sólo la punta del ovillo de una situación que abarca a toda la provincia de Entre Ríos, y a la que un gran número de asambleas ciudadanas y organizaciones de la sociedad civil quieren ponerle fin.

Lo que acaban de pedirle al gobernador Gustavo Bordet, a los legisladores entrerrianos, a la ministra de Salud provincial, Sonia Velázquez, y a los secretarios de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, de Ambiente y de Producción, es que se declare la emergencia sanitaria en la provincia.

Con el lema “Entre Ríos Sí, Entre Venenos No” y con la consigna “¡Basta es basta!”, una nutrida manifestación llegó este martes a la tarde hasta el edificio de la gobernación en Paraná para pedir que se ponga un freno a la fumigación indiscriminada en el distrito.
También podés leer: Gualeguaychú, la ciudad que no toma agua de la canilla por miedo al cáncer

“Ante el alarmante número de muertes de niños y niñas de nuestra provincia; ante la existencia de estudios científicos que dan cuenta de la evidencia sobre la contaminación en suelo, aire y agua en localidades entrerrianas, y frente a los ya inocultables casos de enfermedades y muertes directamente relacionadas a la exposición directa o indirecta de los venenos utilizados en la producción agroindustrial imperante en nuestro territorio, nos declaramos en luto por tiempo indeterminado”, comienza el comunicado que firman unas cien organizaciones.

El reclamo es que se dé tratamiento inmediato y se apruebe el proyecto de ley de N°21.023 Emergencia Sanitaria, que cuenta con media sanción en la Legislatura entrerriana. El mismo establece un marco jurídico respecto de los productos químicos y biológicos empleados en la protección, crecimiento y desarrollo de todas las especies de producción agrícola y forestal, y de la preparación de suelos destinados a la siembra y plantaciones, “con el fin de resguardar y proteger la salud humana, la biodiversidad y los recursos naturales”.

También se exigió aprobar una ley de fomento y desarrollo de sistemas de producción agroecológica, que prevea financiamiento para capacitación y líneas de créditos para los productores para que puedan reacondicionar los campos y que se les asegure franjas de seguridad suficientes para que sus producciones no sean contaminadas por las actividades linderas que todavía usen agrotóxicos.

Las organizaciones piden la prohibición en todo el territorio provincial de la fumigación aérea con productos sintéticos, atento a las características geográficas, con más de 41.000 kilómetros de arroyos y ríos, “que nos llevan a no poder evitar la deriva primaria, secundaria ni terciaria y sus efectos directos en la salud de las poblaciones y ecosistemas de los cuales se abastecen”.

La movilización reclamó que se efectúe un relevamiento sanitario georreferenciado de enfermedades agudas, graves y crónicas; que se elabore un programa de monitoreo constante de la salud de los trabajadores y pobladores rurales, como actores afectados directos por el uso de agrotóxicos; y que se actualice y se brinde prioridad al correcto funcionamiento del Registro Provincial de Tumores, sistematizando estadísticas oficiales tanto de diagnóstico como de fallecimientos por esta causa.

Por fin, se exige la inmediata implementación de un estudio de las tomas de agua y un mapeo de las áreas de recarga de los acuíferos de las diferentes localidades de la provincia, con el fin de detectar o descartar la presencia de agrotóxicos, atento a que diversos estudios científicos han detectado presencia de los mismos en cursos de agua superficial y agua de lluvia.

El reclamo es sintomático de la situación que vive buena parte de la población entrerriana, en una de las regiones más fumigadas con glifosato del mundo. “Nosotros decimos que lo que enferma está en el aire, en el agua, en lo que comemos, por eso en Gualeguaychú nadie toma agua de la canilla”, dijo a Tiempo Susana Olivera, fundadora de la ONG Donar en Vida.