Las próximas semanas comenzarán a delinear el futuro de dos magistrados federales denunciados ante el Consejo de la Magistratura, tras quedar envueltos en causas vinculadas a redes de trata de mujeres. Se trata de Mario Reynaldi, juez de Cámara en Río Gallegos, y el camarista de Mar del Plata, Jorge Ferro.

Reynaldi debió rendir cuentas esta semana ante la Comisión de Disciplina y Acusación del organismo, donde tuvo la oportunidad de hacer su descargo, tras lo cual podría quedar allanado el camino para su eventual suspensión y envío a juicio político. En el caso de Ferro, a partir de abril comenzará la ronda de declaraciones testimoniales en el expediente.

Ambos magistrados fueron denunciados por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, encabezada por los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano. Reynaldi fue convocado este jueves al Consejo, donde ya había presentado un descargo voluntario. En el dictamen con el que se lo convocó, que fue impulsado por Adriana Donato, la consejera que instruye el expediente, se consignó la denuncia en su contra, donde se resalta que Reynaldi “no solo ha mantenido una fluida comunicación con una persona imputada por el delito de trata de personas (el ex comisario, Horacio Herrera), sino que, evidentemente, tenía conocimiento de la actividad desarrollada por tal persona”.

Entre los elementos que demuestran la relación, hay 71 llamadas y 32 SMS entre Reynaldi y Herrera, quien ya tenía el teléfono intervenido, en un corto tiempo. En una de las conversaciones, Reynaldi se refirió a un amigo que estaba con él y le dijo a Herrera: “y está enamorado viste, con, con, tus chicas”, prueba, para quienes conocen el expediente, que Reynaldi estaba al tanto de los hechos que se cometían en los prostíbulos de la zona. En su defensa inicial, el juez aseguró que la referencia que hacía en la conversación era a la joven hija de Herrera y a las amigas de ella.

A partir del jueves, Donato tiene 20 días hábiles para presentar un dictamen a la Comisión, que puede ser de-sestimatorio, sancionatorio, o acusatorio. Por los elementos recolectados, en el Consejo todo indicaría que se trataría de este último caso, tras lo cual se elevaría el pedido de suspensión y envío a juicio político.

A la carga de la prueba se suma la falta de apoyo político que Reynaldi tiene en el organismo, por su cercanía con el kirchnerismo, minoría en el Consejo.

La denuncia contra Ferro es posterior y encierra una acusación por el presunto encubrimiento de una red de trata que actuaba en el prostíbulo Madahos, en la zona de Playa Grande, en Mar del Plata.

En el marco del expediente, a partir de abril ya hay ocho testigos citados a dar su testimonio. Entre ellos están los fiscales que lo denunciaron, Colombo y Mángano, los compañeros de tribunal de Ferro, Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza, y Alejandro Ferrarelo, su íntimo amigo, y administrador del fideicomiso del local de Madahos, quien entre otras cosas usaba una extensión de la tarjeta de crédito de Ferro.