El diario La Nación denunció la supuesta desaparición de documentación en el expediente. La justicia comercial no detectó faltantes pero le pidió al organismo que preside Mercedes Marcó Del Pont que remita originales para cotejar. La información de los "legajos" ya había sido incorporada al proceso y tiene status de cosa juzgada porque ya se verificaron las deudas a favor del fisco. Reacción a la denuncia de los síndicos por forzar la quiebra de la petrolera en la gestión de Abad. Intento de presión hacia peritos de la Corte que derribaron hipótesis de la acusación.

Toda la documentación vinculada al caso Oil Combustibles estuvo, desde sus inicios, en poder de la justicia en sus distintas instancias. Sin embargo, el intento de sugerir que parte del legajo original de deuda habría desaparecido enmascara una maniobra que se puso en marcha apenas fue público el tenor de la denuncia de la sindicatura contra la AFIP por haber forzado –a través de resoluciones y actos administrativos “dolosos”- la quiebra de la petrolera. Al día siguiente de presentada ante la justicia comercial, y por su impacto judicial en todo el expediente de la quiebra, los síndicos que la redactaron fueron desplazados por orden de la jueza Valeria Pérez Casado pero, aclarando que su cese era efectivo recién a partir del día siguiente de interpuesta la demanda por daños y perjuicios por la responsabilidad de la AFIP durante la gestión de Alberto Abad. Por ende, acreditó su legalidad y le corrió traslado al organismo recaudador para que conteste la acción, ahora bajo el mando de Mercedes Marcó del Pont.

La funcionaria instruyó a las distintas áreas técnicas para que revisen el accionar de sus antecesores y poder así responder el planteo que por primera vez pone de manifiesto que pudo haber habido un accionar persecutorio desde la AFIP contra un determinado contribuyente. La suspicacia de que pudo haber desaparecido documentación busca también condicionar esa respuesta. Como así también apuntar al corazón de la causa Oil que fue el peritaje contable a cargo de la Corte Suprema que verificó –a pedido del Tribunal Oral Federal N°3- que a diciembre de 2015 no había deuda exigible por el ITC y que todos los planes de pago a los que había adherido la petrolera y le habían sido otorgados por el denominado Artículo 32 estaban al día, sin mora. Ese es el punto fundamental de discusión en el juicio oral por la supuesta defraudación al Estado. Si a diciembre de 2015 los planes estaban al día, y la empresa terminó en la quiebra pocos meses después y por hechos generados a partir de 2016, la denuncia de los síndicos por el accionar de la AFIP durante la era Cambiemos adquiere otro cariz. Más si los peritos, que firmaron por unanimidad el informe dirigido al TOF 3, incluida la querella y los representantes de la fiscalía, están próximos a ser llamados a prestar testimonio en el juicio.

La estrategia de buscar deslegitimar la denuncia de los síndicos y condicionar el futuro del expediente quedó plasmada a través de una nota en el diario La Nación que afirma que existió “desaparición” de documentación “clave” que podría complicar a los accionistas de la petrolera Cristóbal López y Fabián De Sousa. Se apoya en una nota que Pérez Casado le remitió a la AFIP para que acompañe la documentación que tuviera en su poder relacionada al “legajo” donde figuran sus créditos. La jueza no indica que hay un faltante: sino que aporte todo lo que pueda tener en su poder y que sea original.

En la complejidad del expediente, fue la sindicatura la que apuntó a que era tan “voluminoso” que solo iba a mencionar los títulos de la documentación que regresaba al juzgado. Por ello, obtuvo un remito. En ningún caso se denunció que parte de esos documentos no fueran hallados. Pero además existe otro respaldo: la AFIP presentó, en su momento, todo lo que le permitía comprobar cuáles eran sus “créditos” con Oil, es decir la deuda. Eso es lo que en la jerga comercial se llama “legajo”. No solo hizo valer esa documentación en el concurso, sino también se la presentó a la sindicatura en oportunidad de que se decretase la quiebra. Eso fue verificado en la justicia comercial y tiene el status de “cosa juzgada material”, inclusive la diferencia a favor de la AFIP entre el momento en que la empresa fue a concurso de acreedores y que finalmente quebró.

Pero por si hiciese falta un resguardo adicional, AFIP no precisa almacenar papeles físicos. Toda la información de la deuda de cualquier contribuyente está alojada en los sistemas informáticos más poderosos del país. Eso despoja de lógica al argumento de que una “desaparición” del archivo físico podría tener relevancia alguna.

Ese mismo “legajo” fue solicitado por la DAJUDECO, en oportunidad de la confección de la pericia contable que dio por tierra con la principal hipótesis de la acusación. La perito Flavia Melzi –respetada como una profesional intachable por su labor como perito oficial dependiente de la Corte- fue la que solicitó acceder al “legajo” en cuestión, a través de uno de los abogados de parte. Y devolvió esa misma documentación que fue la que se utilizó en el análisis que, en julio, los expertos entregaron a la justicia.

Sin poder individualizar faltantes, y con toda la documentación respaldada en otras cuestiones administrativas, la maniobra comenzó a gestarse en octubre de 2019 cuando la firma Inversora M&S –del Grupo Indalo- inició una acción por responsabilidad contra la AFIP en un procedimiento inédito para la justicia comercial, dado que el organismo recaudador, hasta el caso Oil, siempre había tenido como política preservar el interés fiscal y cobrar acreencias a favor del Estado.

El 28 de diciembre pasado, la sindicatura bajo el mando del estudio Capurro, Rosello & Zaragoza adhirió al planteo, algo informado oportunamente por Ámbito Financiero. Eso se sumó el testimonio en el juicio del abogado de la sindicatura que declaró bajo juramento nunca haber visto un comportamiento similar por parte de la AFIP y la detección de un procedimiento totalmente anómalo que derivó en el estrangulamiento de la compañía. La sindicatura prometió hacer un informe con argumentos propios para la demanda contra la AFIP. Allí comenzó el procedimiento para removerlos de los cargos. A pesar de ello, antes logró interponer la demanda que fue tenida como válida por la justicia comercial. Ese hecho, que incluyó la confirmación por parte de los empleados directivos de AFIP de que el caso Oil había estado dominado por la arbitrariedad, generaron una reacción en cadena.

Es que si se profundizara la investigación respecto al accionar de exfuncionarios de la AFIP de manera dolosa, el siguiente paso correspondería a los funcionarios judiciales que validaron las irregularidades en el proceso en el fuero comercial, incluyendo a la Cámara de Apelaciones que comandan los jueces Gerardo Vasallo y Pablo Heredia. Lo mismo que podría ocurrir respecto a presuntas irregularidades en la designación de los interventores que terminaron liquidando la compañía en tiempo récord y a un precio un 75% inferior a su valor de mercado.

El derrotero que tomó el caso Oil amenaza con ser un escándalo que salpique a todos los que tuvieron intervención en el proceso y que hasta hace poco habían tomado decisiones que apuntalaban la hipótesis principal de la acusación que, en los últimos 6 meses, dio un giro de 180 grados.