{jkhighlight}El futuro de los medios de comunicación, del poder de las plataformas digitales y de la eficacia y las limitaciones de la política pública se jugó una partida feroz en Australia en las últimas semanas. El conflicto allí desatado entre Facebook, Google, grandes grupos periodísticos y el gobierno escaló a niveles insospechados y sus repercusiones se sienten en el resto del mundo. La adaptación de las especies a la era digital muestra una de sus facetas más descarnadas{/jkhighlight}.

Lo que pasó, en resumen, fue que Facebook reaccionó a lo que hasta el pasado jueves era un proyecto de ley que tramitaba el Parlamento australiano –promovido por el gobierno centro derechista de Scott Morrison- que obligaba a las grandes plataformas a negociar el pago a los medios de comunicación por los contenidos de estos exhibidos o compartidos en ellas. {jkhighlight}Facebook atacó con un apagón de noticias el 17 de febrero que privó a la ciudadanía del acceso a la información en la red social más utilizada. Una semana después, el Parlamento aprobó la norma, llamada “Código de Negociación Obligatoria para las Plataformas Digitales y Medios Noticiosos”. En el medio, hubo negociaciones y Facebook recalculó la intensidad de su decisión, comprometiéndose a restaurar las noticias en la plataforma; pero la turbulencia no se detuvo{/jkhighlight}.

Inicialmente, también Google había resistido la propuesta del Estado australiano. De hecho, con poco éxito, llegó a lanzar una campaña apocalíptica para deslegitimarla, pero luego negoció un paquete de ayudas con los grandes pulpos mediáticos de Australia (en el marco de su iniciativa global llamada Google News Showcase, también lanzada en la Argentina), bajó los decibeles de la crítica y la transmutó en un intento de capitalización de la nueva ley. En cambio, Facebook forzó su postura hasta ejecutar el apagón de noticias que afectó no sólo a las entidades periodísticas sino también a organizaciones de la sociedad civil y a instituciones estatales que activan en su plataforma como lógico espacio de encuentro con públicos y usuarios.

Facebook argumentó que el contenido de noticias representa menos del 4% de lo que los australianos usan en su red y que las empresas de medios reciben tráfico –por lo tanto, recursos- por su presencia voluntaria en la plataforma. Los grupos periodísticos de Australia, encabezados por los medios de News Corp, contraatacan subrayando que entre Facebook y Google concentran el 81% de los ingresos publicitarios y que el bloqueo de la compañía de Mark Zuckerberg les restó más de un tercio de las visitas diarias.

{jkhighlight}Aunque Facebook haya retrocedido finamente con el apagón, la demostración del poder que tiene con una medida tan drástica y masiva se suma a la preocupación de numerosos países por la cesión de facultades soberanas a las corporaciones de Silicon Valley{/jkhighlight}. Sus reglas y algoritmos son objetados tanto por su opacidad como, también, porque determinan la suerte o desgracia de organizaciones económicas, sociales y políticas afectadas por la programación que hacen las plataformas en los sistemas de priorización (y remoción) de contenidos.

Por eso y como consecuencia directa de los sucesos, una coalición liderada por Alemania, Francia, Australia, Finlandia, Canadá y otros diez países avanza en la adopción de reglas comunes para definir “compensaciones justas” de los gigantes digitales a los grupos mediáticos. De hecho, la australiana no es la primera orden estatal que busca derivar parte de los ingresos publicitarios de las compañías de internet a los medios, cuya economía padece una crisis sin precedentes: también Francia impulsa políticas similares con documentación reunida por su autoridad de defensa de la competencia y amenaza con altas sanciones económicas a Google.

Aunque capturan buena parte de la torta publicitaria digital, Google y Facebook afectan de modo muy distinto al ecosistema de información y opinión tradicionalmente monopolizado por los medios de comunicación. Si bien en ambos casos desprograman y desorganizan las ediciones porque el contenido compartido en las redes digitales deja de tener el formato compaginado por sus productores, {jkhighlight}mientras que el motor de búsqueda de Google y su News exhibe el catálogo de títulos y resúmenes de notas con un orden jerárquico velado al conocimiento público, en Facebook en cambio son las propias empresas periodísticas las que deciden abrir muros y tener actividad allí{/jkhighlight}.

Por lo demás, la cancelación de noticias por Facebook tuvo, como efecto indeseado para la reputación de las compañías digitales, masificó la comprensión de la función editorial que ejercen las grandes plataformas. {jkhighlight}Que las bigtech tienen un poder inédito como espacios de distribución y acceso de contenidos no es una novedad, pero lo que evidencia el “caso australiano” es su rol editorial. No son intermediarios asépticos, como sus abogados han predicado en las últimas décadas, sino que son actores que pueden dañar el interés público trastornando acceso social a información relevante y también erosionando la labor de las organizaciones periodísticas y culturales{/jkhighlight}.

La adopción de normas legales o su discusión es un estímulo para que conglomerados con poder dominante accedan a revisar parte de su desempeño. La nueva ley australiana puede ser criticada por su probable desenlace en un acuerdo entre gigantes: las plataformas digitales y los grupos más concentrados de medios. Efectivamente, las expectativas realistas de que medios locales, medianos, pequeños, comunitarios o cooperativos participen de un esquema “justo” de distribución de los beneficios que trae la amplia circulación de contenidos periodísticos, son escasas. Estos temen, con razón, que al apagón noticioso de Facebook le suceda el apagón informativo de ellos mismos.

Más que ordenar la negociación entre privados, que subestima a quienes tienen menor capacidad de lobby, la política pública podría establecer normas tributarias más adecuadas según ingresos y nivel de actividad y luego definir, democráticamente y en consultas abiertas con todos los intereses cruzados, los sistemas de asignación a todos los actores, no sólo a los más poderosos. Pero nada de lo que pasa hubiese ocurrido sin la iniciativa estatal de revisar reglas de juego asimétricas. Esa revisión supone una alteración de la dinámica desigual del cambio, atenuando los impactos más regresivos de era tecnológica.

Por Martín Becerra | Fuente: Letra P