Cientos de miles de personas convocadas por sindicatos y estudiantes marcharon este jueves por las calles de las principales ciudades de Colombia para protestar contra la política económica y social del presidente Iván Duque, en una jornada en la que hubo bloqueos de vías y actos de vandalismo.

El Gobierno, que enfrentó la protesta más grande desde su llegada al poder en agosto de 2018, había advertido de posibles actos de violencia y disturbios como los que se registraron recientemente en Ecuador, Chile y Bolivia en medio de un clima de agitación política.

"Es el sentimiento del pueblo nacional que está aburrido de la injusticia social. Nos están matando a nuestros líderes sociales, nuestra identidad cultural, el pueblo indígena está en riesgo y las reformas económicas y laborales del Gobierno no favorecen al pueblo colombiano", dijo a Reuters Patricia Riaño, una profesora que participó en la movilización en Bogotá.

Duque, quien tiene bajos índices de aprobación y no ha logrado consolidar una coalición en el Congreso para impulsar sus reformas 15 meses después de asumir la presidencia, negó planes para aumentar la edad de jubilación o los aportes de los trabajadores para acceder a las pensiones.

También desmintió una posible reducción del salario mínimo y que los jóvenes reciban una remuneración por debajo de la estipulada por la ley, pero no logró desactivar la protesta.

Las movilizaciones provocaron el bloqueo de algunas estaciones de autobuses en Bogotá que fueron atacadas por encapuchados, mientras que en el noroeste de la ciudad hubo enfrentamientos entre manifestantes y la policía que lanzó gases lacrimógenos para despejar las vías y dispersar la multitud.

En Cali, encapuchados vandalizaron 14 autobuses y varias estaciones de pasajeros, mientras que siete policías resultaron heridos en un ataque de estudiantes frente a una universidad.

"Se han presentado una serie de incidentes que han sido rápidamente controlados por la Policía Nacional", dijo a periodistas la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

Tras los hechos, el intendente de la ciudad, Maurice Armitage, llamó a través de los medios a un toque de queda después de las 19. “A partir de las siete de la tarde, ningún ciudadano de Cali podrá estar en la calle porque será detenido”.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Diógenes Orjuela, aseguró que la jornada de protesta tuvo motivaciones que van más allá del impacto de las reformas laboral y de pensiones.

"Hay muchos acuerdos incumplidos con los indígenas, con los profesores, con los trabajadores estatales, y también reivindicamos el derecho a la paz por la violencia que se está dando", explicó a Reuters el dirigente sindical.

Los estudiantes reclamaron más recursos para la educación pública, mientras que los indígenas exigieron medidas de seguridad para evitar los asesinatos de sus dirigentes y de líderes sociales a manos de grupos armados ilegales, uno de los principales problemas de Duque ante la comunidad internacional.

Otras organizaciones demandaron al Gobierno un mayor compromiso para implementar el acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC, el cual fue firmado hace tres años para acabar un conflicto de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos.

Las Fuerzas Militares y de Policía permanecían en acuartelamiento de primer grado y en máxima alerta, mientras que 24 extranjeros, la mayoría venezolanos, fueron expulsados de Colombia en las últimas semanas por la autoridad migratoria que denunció que planeaban cometer actos de sabotaje en las marchas.