Esta semana Mauricio Macri comenzó a evidenciar una preocupación que, hasta el viernes pasado, no había manifestado. La falta de respuesta investigativa en la causa por la desaparición de Santiago Maldonado y la excesiva exposición que tuvo su ministra de Seguridad sin resultados positivos, lo obligaron a tomar las riendas de un proceso que amenaza con transformarse en un serio problema político para el gobierno. Y este cambio de actitud -tal como adelantó un prestigioso medio digital en su edición del martes- se plasmó en dos hechos muy concretos: el desplazamiento de Patricia Bullrich de la "vocería" oficial del caso y la embestida contra el juez federal de Esquel Guido Otranto -a cargo del expediente- por su "falta de celeridad" en la disposición de medidas.

La primera muestra de esta nueva estrategia fueron las declaraciones que ayer formuló el ministro de Justicia Germán Garavano, tomando distancia significativa de su compañera de Gabinete, al afirmar que "no pone las manos en el fuego por nadie" en esta investigación. El tiro por elevación tuvo como destinataria a la verborrágica Bullrich, quien ante diputados había defendido enfáticamente a la fuerza de seguridad involucrada en la pesquisa. La declaración de Garavano no fue un hecho aislado. Al mediodía, el titular del palacio de Justicia se reunión en la Rosada con el Presidente, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el Secretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas, para evaluar la situación de la causa desde que se levantó el secreto de sumario y tema se transformó en "trending topic" político y mediático.

De hecho, el miércoles Macri ya había dispuesto que el segundo de Justicia, Santiago Otamendi, junto al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, viajaran hasta Esquel para interiorizarse sobre la marcha de la investigación debido al malestar que provoca la falta de respuesta por parte del magistrado. Hasta se llegó a evaluar la posibilidad de establecer una supervisión permanente del expediente, idea que luego fue descartada por temor a que se la interprete como una intromisión sobre el accionar del poder judicial. "No puede ser que Otranto no mueva las fichas y dilate la orden para inspeccionar los territorios que los mapuches consideran sagrados", deslizó una fuente cercana al primer mandatario. Más de 200 efectivos aguardan la autorización para iniciar este rastrillaje en donde esperar encontrar algún indicio que permita reconstruir lo acontecido el 1° de agosto durante al desalojo de la ruta 40.

Para el gobierno, cuanto más tarde la justicia en esclarecer el caso, más tensión social y política se generará, en un contexto pre-electoral que poco ayuda a aquietar las aguas.

En medio de la jornada, el rumor sobre la renuncia de Bullrich sobrevoló los pasillos de algunos despachos e inundó las redes sociales. Incluso con detalles sobre la posibilidad de que el alejamiento de la funcionaria llegaría luego del descabezamiento de su jefe de Gabinete, Pablo Noceti, a quien se sindica como el responsable del operativo en el que supuestamente habría desaparecido Maldonado. Pero nada de eso ocurrió, al menos por el momento. Difícil suponer que Macri disponga alejar a sus funcionarios en medio de la crisis. Aunque seguramente la medida no se hará esperar demasiado ni bien la tormenta sea sorteada.

El juez se moviliza

Sin margen para más dilaciones, Otranto, ordenó ayer un exhaustivo rastrillaje en ambas márgenes del río Chubut y aguas abajo de donde se sitúa el predio ocupado por la comunidad mapuche , de manera de descartar la posibilidad de que el cuerpo de Maldonado se halle en ese extenso curso que serpentea a lo ancho de la provincia de Chubut. La búsqueda la encabezará la Prefectura, con refuerzos del destacamento de Bariloche y de buzos tácticos y de un helicóptero de la Policía Federal. El contingente que se movilizará, sin ingresar al Lof de Resistencia en el Departamento de Cushamen, será de aproximadamente un centenar de efectivos bajo la orden expresa de que no se cese en la búsqueda hasta tanto el curso y sus márgenes no hayan sido examinadas de forma minuciosa. Según testigos,"queda acreditada la presencia del joven en Leleque, al menos horas antes del procedimiento del 1 de agosto", señaló una fuente de la investigación. Los investigadores concluyeron que el tatuador se encontraba en la comunidad cuando ingresó Gendarmería. De todas maneras, los investigadores esperan con ansiedad los peritajes que realiza la división criminalística de la Policía Federal, que levantó huellas y rastros en escuadrones y móviles de la fuerza.