El proyecto de Reforma Previsional fue aprobado por 43 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones en general, mientras que en su votación particular recibió el respaldo de 42 senadores y 24 en contra.

El Consenso Fiscal, en tanto, fue aprobado en general y en particular por 52 votos contra 15, y dos abstenciones; mientras que el proyecto de Responsabilidad Fiscal obtuvo la adhesión de 53 legisladores, 14 votaron en contra y hubo dos abstenciones.

La ley previsional incluye propuestas sobre aumentos de haberes por encima de la inflación, 82% móvil a los beneficiarios de la jubilación mínima y la extensión optativa de la edad jubilatoria a los 70 años.

Sin embargo, la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo sufrió algunas modificaciones, en comisión, propuestas por la oposición para que el cálculo se haga en base a una combinación de "un 70 por ciento del índice inflacionario y un 30 por ciento de la variación de salarios", en lugar de tener en cuenta sólo la inflación y el crecimiento del PBI, como establecía el texto original que también incluía una actualización de haberes cada tres meses, indicación que quedó en el dictamen.

Por otro lado, el Estado Nacional garantizará a los beneficiarios de la Prestación Básica Universal (PBU) que acrediten treinta años o más de servicios con aportes efectivos, el pago de un suplemento dinerario hasta alcanzar un haber previsional equivalente al ochenta y dos (82 %) del valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil".

Como tercera modificación, el proyecto contempla extender en forma optativa la edad jubilatoria hasta los 70 años.

En tanto, el proyecto de consenso fiscal firmado por el Gobierno nacional, la ciudad autónoma de Buenos Aires y las provincias, excepto San Luis, incluye modificaciones tributarias y previsionales acordadas con los 23 distritos que, a su vez, desistirán de sus juicios contra el Estado nacional.

Entre los puntos acordados entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores se destacan la derogación del artículo 104 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, el compromiso de aprobar el proyecto de modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno y adherir a ese régimen antes del 30 de junio de 2018 y consensuar una nueva ley de coparticipación federal.

Por otro lado, se acordó la compensación por parte del Estado nacional a las provincias que adhirieron al acuerdo a través de transferencias diarias y automáticas con un monto equivalente a la disminución efectiva de recursos en 2018 producto de la modificación a Ganancias mencionada en el párrafo anterior y al aumento de la asignación específica del Impuesto al Cheque.

Asimismo, se propuso actualizar trimestralmente en los años siguientes dichas compensaciones con base a la inflación y emitir un bono para las provincias y CABA a 11 años de 5.000 millones de pesos en 2018 y de 12.000 millones de pesos de 2019.

La provincia de Buenos Aires recibirá, a modo de compensación por el cambio al artículo 104 del Impuesto a las Ganancias, en particular del inciso "b" que estipulaba que 10% de lo recaudado le correspondía a dicho distrito, 21.000 millones de pesos en 2018 y 44.000 millones para 2019, montos que se actualizarán a partir de 2020 en base a la inflación.

En contrapartida, el distrito bonaerense desistirá de continuar con el juicio iniciado al Estado nacional.

Durante el debate, en el que se cruzó la cuestión federal y el endeudamiento de las provincias, hubo algunos senadores que cuestionaron a las administraciones provinciales.

Uno de ellos fue el peronista chubutense Alfredo Luenzo quien ponderó el acuerdo fiscal entre el gobierno y los gobernadores y afirmó que "las malas administraciones provinciales destruyeron el federalismo". "Hemos fracasado en la defensa de nuestros intereses", agregó.

En tanto, el justicialista catamarqueño Dalmacio Mera pidió "un ajuste de la política" y pidió que la misma fórmula que se aplica para la actualización de los haberes jubilatorios "debe usarse como techo para los salarios de los funcionarios".

Al cerrar el debate, el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria cuestionó duramente la política económica del gobierno y la ley de reforma previsional, aunque dijo que la iba a apoyar para honrar el acuerdo entre el gobierno y las provincias.

"Como tenemos responsabilidad con nuestras provincias y gobernadores nos toca la ingrata tarea de acompañar estos acuerdos porque creemos que los pactos deben cumplirse", afirmó Pichetto para luego advertirle al oficialismo: "no repitan este tipo de medidas porque no van a pasar por el Congreso".

El flamante jefe del interbloque Cambiemos, el radical Luis Naidenoff, aconsejó "tener madurez y sentido de responsabilidad política."

"Lo que nadie dice es que la vieja fórmula no se puede poner en práctica porque fue una ficción, porque cuando se la aplicó nunca se incorporaron a los jubilados que ingresaron por la vía de la moratoria y porque es pro cíclica: cuando el país no crece los haberes no están por encima de la inflación", explicó.

Finalmente, el peronista puntano Adolfo Rodríguez Saá, quien votó en contra de las tres leyes, dijo que la legislación previsional iba a bajar los haberes jubilatorios y recordó que "el radicalismo repitió lo mismo cuando formó parte de la Alianza".

"Empezó el ajuste y será cada vez peor y el peronismo, desde la calle, defenderá los derechos de los que menos tienen", sentenció.

• El debate

La defensa inicial de los proyectos estuvo a cargo del oficialista Julio Cobos, quien resaltó la necesidad de que "la Nación y las provincias recuperen el superávit fiscal" y afirmó que uno de los objetivos es "terminar con la litigiosidad" entre las Provincias y la Nación por el reparto de la recaudación.

Respecto de la reforma previsional, señaló que "antes la fórmula era en función de los recursos que percibe Anses, pero acá se están tocando, porque se está afectando el Impuesto al Cheque y a las Ganancias", razón por la cual se requiere modificar el cálculo para los aumentos de las jubilaciones, que serán trimestrales y tomará el índice de precios y el de la variación salarial.

La senadora del PRO Laura Rodríguez Machado, a su turno, agregó que "la Ley de Reparación Histórica" para los jubilados "dispuso que se elabore un proyecto de ley integral" del sistema previsional y que, en la iniciativa del Gobierno, "se hacen tres modificaciones puntuales", en referencia al cambio de fórmula, al ajuste trimestral en vez de semestral y a la opción para jubilarse a los 70 años.

Entre los senadores que se expresaron en contra, la más dura fue la chubutense Nancy González, del kirchnerismo, quien habló de "sobornos y aprietes a los gobernadores", en referencia al pedido de la Casa Rosada para que las Provincias dejen de lado los juicios contra la Nación a cambio de una compensación en el nuevo esquema de reparto.

"Van a pasar a la historia por otra vez bajarle el sueldo a los jubilados", disparó González en referencia al nuevo cálculo de movilidad que propone el proyecto, al tiempo que sostuvo que el cambio en la fórmula que propuso Pichetto y que fue aceptado por el oficialismo implica apenas "43 pesos de diferencia" con la propuesta original del Gobierno.

La puntana Negre de Alonso cuestionó el Consenso Fiscal (que San Luis no firmó por considerarlo perjudicial para sus cuentas) y también la reforma previsional al preguntar "por qué les modifican la movilidad" a los jubilados "si no se los va a perjudicar, si no se van a financiar con su dinero".

"Hay un dato objetivo: se va por un monto de dinero claro sobre las jubilaciones, que impacta sobre los mayores", remató la senadora del peronismo de San Luis.

Por su parte, el neuquino Guillermo Pereyra, peronista independiente y ligado a la CGT, anticipó su voto a favor del paquete fiscal pero en contra de la reforma previsional porque se le dio dictamen rápidamente "sin ningún tipo de consenso" y eso "no es costumbre del Senado".

La camporista Anabel Fernández Sagasti cuestionó las iniciativas al sostener que "uno de los ejes centrales del Pacto Fiscal es bajar los juicios que tienen las Provincias con la Nación para poder seguir endeudándose" y que "la fiesta la pagan, una vez más, los jubilados".

Otro sostuvieron una postura intermedia, como el catamarqueño Dalmacio Mera, que criticó el Pacto Fiscal pero señaló que votaría a favor porque la gobernadora de su provincia, Lucía Corpacci, fue una de las firmantes del acuerdo con la Nación.

Mera criticó la asignación de recursos a Buenos Aires y también el límite al endeudamiento de las provincias que impone el proyecto de responsabilidad fiscal, al argumentar que "no se entiende por qué hay límite para las provincias y no se autoimpone un límite al endeudamiento de la Nación".