La petición fue hecha por los fiscales Alejandro Cánepa y Viviana Ferreryra, y fue firmada por la jueza de Transición Susana María Paola Firpo. La magistrada autorizó que, en caso de que los responsables de entregar esos documentos se negaran a hacerlo, se podía allanar los domicilios. Pero el fiscal Cánepa aclaró que no fue necesario allanar: en todos los casos, los responsables se allanaron y pusieron en manos de la Justicia todo lo requerido.

Los procedimientos se desarrollaron en la administración de El Diario, en cuya firma editora, Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), el ministro Etchevehere y su familia tienen el 40% del paquete accionario. El trámite se cumplió durante la siesta en la administración, ubicada en Urquiza y Buenos Aires. También en el domicilio de la empresa Construcciones del Paraná SA, en la que participa como socio Etchevehere, que coincide con su domicilio particular, en calle Los Vascos 811.

Se trata de una investigación por supuesto delito de administración fraudulenta se inició a partir de una denuncia que formuló en 2011 la hermana del ministro, Dolores Etchevehere, contra sus tres hermanos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego, más su madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere. Les achacaba haber pedido dos créditos, en el Banco Itaú y en el Banco Nación, a tasa subsidiada, para destinarlos a actividades productivas, pero que al final fueron utilizados en provecho de los propios socios de la empresa Las Margaritas SA. En esa firma son socios todos los Etchevehere, incluida Dolores, que asumió un compromiso financiero sin estar de acuerdo ni haber recibido ningún beneficio.

Pero en la Justicia entreriana avanzaron todavía más en la investigación y observaron las sospechosas maniobras de vaciamiento en la empresa editora de El Diario.

Según los fiscales, “existen indicios suficientes que surgen tanto de la denuncia en cuestión, como de la Resolución de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos – Ministerio Público Fiscal de la Nación) que diera inicio a las actuaciones ya citadas radicadas en el Juzgado Federal de Paraná, de que contemporáneamente a que los miembros del Directorio de Las Margaritas S.A. se repartieran para sí mismos el dinero proveniente del crédito del Banco Itaú, también conformaron la sociedad Construcciones del Paraná S.A., de la cual la denunciante no es socia, y a la que fueron transferidos – mediante contratos de compraventa que en realidad simulaban otras operaciones financieras – numerosos inmuebles de propiedad de SAER, con el objetivo de desapoderarla o, como comúnmente se dice, `vaciarla´”.

“La operación de vaciamiento significaba no solo la asunción de un mayor endeudamiento de SAER, sino también la venta a precios muy inferiores a los de mercado de sus bienes, entre ellos, inmuebles de un valor histórico y patrimonial trascendente.

Dado que los denunciados no podían adquirir por sí mismos tales propiedades, ni tampoco a través de aquellas sociedades en las cuales la denunciante es socia (SAER y Los Vascos S.A.), crearon la firma Construcciones del Paraná S.A. – cuyo paquete accionario recae en las mismas personas denunciadas – con el fin de transferirle tales inmuebles; pero como – a la vez – esa sociedad no contaba con fondos para abonar el exiguo precio pactado por los inmuebles, tuvieron que elaborar una singular ingeniería financiera con distintas mutuales (Asociación Mutual Solidaria – AMUS – y Mutual 10 de Abril, entre otras) por las cuales estas le entregaban préstamos a la insolvente Construcciones del Paraná S.A. por el importe que ésta debía entregar como precio por las propiedades”, indica el requerimiento fiscal.