En la historia que cuenta los secuestros y las torturas sufridas por obreros de la fábrica Ford durante la última dictadura cívico militar, el tiempo no jugó a favor de ellos: en la espera para que el Estado revise esos hechos, que duró 40 años, la mitad de ellos murieron sin obtener Justicia y la mitad de los dirigentes de una de las multinacionales automotrices con más peso, entonces y hoy, en el país, sin condena. Sin embargo, los días venideros ilusionan a los sobrevivientes, que comenzarán a descontarle a la desesperanza cuando dos de ellos declaren por primera vez ante jueces, ante sus familiares, ante sus abogados y ante sus verdugos.

Carlos Propato y Pedro Troiani serán los primeros trabajadores de la Ford en dar testimonio en el juicio que comenzó a mediados de diciembre pasado, tras años de instrucción, otros tantos de espera por el juicio oral y dificultades en la constitución del tribunal. “El juicio para ellos empieza el martes, cuando puedan contar públicamente todo lo que sufrieron. Las primeras jornadas del juicio –en las que se leyó la elevación al debate oral de la jueza federal Alicia Vence y las negativas de los acusados a decir nada– fueron la previa. Ahora les llega el momento que esperaron por décadas”, explica a este diario la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, quien junto a Tomás Ojea Quintana y Marcos Aldazábal dirigen la querella de los obreros de la fábrica de automotores ubicada en General Pacheco en el juicio.  

En 1976, Carlos y Pedro eran obreros y delegados de la Ford Motor Argentina, que en su planta de General Pacheco empleaba entonces a más de 7 mil personas, entre la fábrica y la administración. De esos miles, solo un puñado de decenas se convirtieron en víctimas del terrorismo de Estado que, allí en esa automotriz, llegó hasta el campo de recreación. El martes, desde las 9:30, Carlos y Pedro contarán ante el tribunal Oral Federal Número 1 de San Martín como el 13 de abril fueron secuestrados de sus puestos de trabajo y torturados en “El quincho”, como llamaron al centro clandestino que la fuerzas de represión ilegal en connivencia directa con la dirigencia civil de la empresa montó en el campo deportivo en el que los obreros jugaban a la pelota de tanto en tanto en la planta de General Pacheco. Ambos fueron trasladados luego a la Comisaría de Tigre y “blanqueados” en diferentes prisiones. Fueron liberados un año después.

En la seguidilla de testimonios le seguirán los otros del grupo de 24 víctimas protagonistas de los hechos que se ventilarán en el debate. Que la denuncia por lo sufrido los mantuviera unidos en una sola querella es otra razón para que este juicio se destaque entre los que fueron sucediendo desde que las leyes de obediencia debida y punto final fueron declaradas inconstitucionales. “Es el primer juicio a civiles empresarios cómplices del terrorismo de Estado que integra a todas sus víctimas en un solo debate”, puntualizó la abogada. En el proceso en el que se juzgó a dirigentes de La Veloz del Norte fue tenido en cuenta un solo caso.

Otra de las razones es, desde ya, la presencia entre los acusados de empresarios que no solo se beneficiaron con la dictadura sino que actuaron de manera directa en la persecución y la represión ilegal. Son dos dirigentes de la empresa los que están acusados de los crímenes que vivieron en carne propia: el ex gerente de manufacturas Pedro Müller y quien fue jefe de seguridad de la planta, el teniente coronel retirado Héctor Francisco Sibilla comparten cargas de delito con el genocida varias veces condenado por delitos de lesa humanidad Santiago Riveros, que durante los años de terrorismo de Estado fue jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo. Deberían también haberse sentado en el banquillo quien fue el presidente de la Ford Nicolás Courad, que murió en 1989 y quien fue gerente de relaciones laborales de la compañía Guillermo Galárraga, que alcanzó a ser procesado, pero murió el año pasado con 93 años.

“El tiempo en estos casos implica impunidad. Los acusados llegan al juicio con 90 años o más y ni siquiera en prisión domiciliaria. Otros dos murieron impunes. El tiempo siempre juega a favor de los genocidas”, definió Gómez Alcorta.

La investigación judicial sobre los hechos sufridos por los obreros de la Ford tiene su inicio en 2002, con una denuncia presentada por el fiscal Félix Crous. En un primer momento, el expediente fue dirigido por el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal federal Federico Delgado, pero en 2006 fue traspasado a la Justicia Federal de San Martín, en donde lo mantuvieron paralizado. Siete años después, fue reactivado por la jueza federal Alicia Vence, quien finalmente elevó la causa a juicio en 2014, previo procesamiento de los tres ex directivos Müller, Galárraga y Sibilla.

Sin embargo, las demoras en la investigación no fueron las únicas. Los obreros debieron soportar los años subsiguientes el peloteo entre magistrados que no querían hacerse cargo del debate. “La imposibilidad de integrar un tribunal fue una señal de alarma que indicó el peso que este juicio tiene para la corporación judicial. Durante mucho tiempo no tuvo fecha de inicio y luego fue pospuesto”, consideró la abogada querellante. En 2016 obtuvo una primera fecha de inicio, en marzo pasado. Pero fue pospuesto. En noviembre se jubiló la presidenta del TOF de San Martín, Marta Milloc, lo cual devolvió a la cuerda floja la inauguración del debate, que finalmente comenzó el pasado 19 de diciembre. Tres de los cuatro jueces que participan son de otras jurisdicciones.

Gómez Alcorta hizo hincapié en “el peso” de este juicio, que se vislumbra no solo en la molestia que genera en la corporación judicial, sino también en la civilidad que esconde su complicidad con la última dictadura. “Ford es un caso prototípico por los aportes que hizo su dirigencia al terrorismo de Estado que fueron desde la instalación de un centro clandestino dentro del predio de la planta hasta la presencia militar allí, la entrega de información sobre obreros, el aporte de vehículos y combustible a la represión”, indicó.

Por último, asumió el “desafío” que, consideró, implica el desarrollo de este debate “en un momento político en donde hay una decisión de desacelerar el proceso de memoria, verdad y justicia y de morigerar sus efectos con, por ejemplo, las prisiones domiciliarias a los responsables de delitos de lesa humanidad”. “Pensar que en este momento tan difícil pueden estar sentados en el banquillo de los acusados dos miembros de las firmas más grandes de la industria automotriz que aún continúa funcionando en la actualidad es un verdadero desafío”, concluyó.