El puntapié inicial lo dio el Ministerio del Interior a fines de noviembre cuando le entregó las etapas III y IV destinada a mejorar la capacidad de ese curso fluvial bonaerense. Por medio de la resolución 49/2018, resultaron ganadores los consorcios conformados por Roggio, Eleprint y Ecodyma en el primer caso y Helport, Chediack y Agropecuaria-Sabavisa en el segundo, por $3.500 millones y $2.668 millones, respectivamente.

Si bien en ambas UTE figuran empresas involucradas en la causa de los cuadernos, lo más llamativo de estas obras es el mecanismo de pago, que tendrá un 50% de financiación para la etapa III y un 65% para la etapa IV.

Se trata de un mecanismo "símil PPP" que le permitirá al Gobierno continuar con proyectos de infraestructura de cara al año electoral en un marco de fuerte restricción fiscal.

Esto es porque mientras una parte se abonará en efectivo con el método tradicional, la porción restante se llevará adelante por medio de Valores Representativos de Deuda (VRD) que emitirá el Banco Nación, los cuales tendrán un interés equivalente a la tasa Badlar de los bancos privados más 400 puntos básicos.

Es decir que si un VRD se emitiera hoy tendría una carga de casi 50% anual, si se tiene en cuenta que la Badlar cerró ayer a 45,87%, según el promedio elaborado por el Central.

"Los VRD se comenzarán a pagar a los tenedores a partir del cumplimiento del plazo de obra, es decir TRES (3) años desde la suscripción del Acta de Inicio, más un año de gracia y en la forma, montos y plazos establecidos en el cronograma de amortización", establece la circular 23. "Los VRD devengarán intereses que se pagarán en forma semestral el 1° de enero y el 1° de julio (el primer vencimiento será en la fecha indicada posterior más cercana a la fecha de emisión)", precisa el texto de Interior.

Como las obras del Salado tienen un plazo de finalización de tres años, los VRD se empezarían a cancelar recién en 2022, según la citada norma, en tanto los pagos en efectivo se efectúan 60 días corridos después de presentado el certificado de avance de las obras, como ocurre con las adjudicaciones tradicionales.

En la Rosada se jactan de haber hecho en tres años de gestión la misma cantidad de kilómetros de ampliación que el kirchnerismo durante los doce años que estuvo en el poder.

Al margen

Lo cierto es que las obras hídricas están en cierta forma al margen del ajuste porque se nutren de un fideicomiso fondeado con el impuesto a los combustibles, que el Ejecutivo no puede tocar para usarlo con otro objetivo. Además, el secretario del área, Pablo Bereciartúa, puede firmar los decretos sin la necesidad de una autorización superior.

Mientras tanto, el funcionario evalúa el proyecto para desarrollar un canal artificial paralelo al río Paraná que permitiría desarrollar el centro del país, al funcionar como una segunda "columna vertebral". Es que hoy en día la mayoría de los barcos salen de Rosario con un cargamento que apenas llega a la mitad de su capacidad, dada la baja profundidad que tiene ese curso fluvial. Este plan que aún está en etapa embrionaria y cuenta con el apoyo de Holanda, plantea una salida hacia el puerto de Bahía Blanca en donde el agua tiene una profundidad mayor y de donde las embarcaciones podrían salir con un mayor volumen de carga.

A su vez, esto incluiría la creación de un "puerto seco" en la localidad pampeana de Catriló, y ahí conectar la hidrovía con el ferrocarril ferroexpreso hasta Bahía Blanca.

Esta autopista navegable insumiría una inversión de unos u$s3.000 millones, y comenzaría en Río Segundo (Córdoba), y ayudaría a drenar los excesos de agua del norte hacia el sur.