El Gobierno de Mauricio Macri engrosó hoy vía DNU el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial con $ 60.000 millones para hacer operativo el rescate de Letras del Tesoro en pesos (Letes) y Letras Capitalizables (Lecap) de provincias y municipios que quedaron “atrapadas” en el reperfilamiento de deuda definido por el ministro Hernán Lacunza a fines de agosto.

La operatoria sin embargo sigue disparando dudas y preocupación entre gobernadores, con la puerta de la judicialización aún abierta en algunos distritos, en medio de la campaña contrarreloj hacia las elecciones nacionales del 27 de octubre.

El Decreto 668/2019 de ampliación del presupuesto nacional publicado en el Boletín Oficial destaca, entre otros ejes, que resulta necesario que el Ministerio de Hacienda pueda ampliar los alcances del “Programa de Asistencia para la Recomposición Financiera” e incorporar los créditos presupuestarios con el objeto de asistir financieramente al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, por $ 60.000 millones.

“Se engordó el programa para tenerlo listo para provincias y municipios”, aseguraron desde despachos nacionales a Ámbito, además de precisar que los recursos “no fueron aún girados” y que aún no está “cerrado” las provincias que recibirán “la asistencia”.

Precisamente, con esa intención de atenuar el impacto del cepo light, la semana pasada la Secretaría de Hacienda nacional ya había oficializado el Programa de Asistencia para la Recomposición Financiera “con el fin de asistir financieramente a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires, para atender su déficit financiero y regularizar atrasos de tesorería en concepto de salarios y servicios esenciales”.

“El objetivo es estar listos para poner en marcha el programa que salió en el Boletín Oficial la semana pasada”, aseguraron a este diario desde filas nacionales, en referencia a ese programa de asistencia.

Pero el escenario hoy por hoy sigue abierto entre la administración de Macri y los gobernadores, y en despachos provinciales el arco de reacciones transita entre la incertidumbre por la falta de definiciones sobre la operatoria de compra de estos títulos por parte de Nación, la preocupación frente a la necesidad de dólares para hacer frente a compromisos urgentes e, incluso, la posibilidad cierta de llevar el reclamo a la Corte Suprema de Justicia nacional.

Buenos Aires, CABA, Mendoza, San Juan, Salta, Río Negro, Catamarca, Formosa, Santa Fe y La Rioja tienen invertidos cerca de u$s1.200 millones en Letes y Lecap, y por alcance del cepo light sobre personas jurídicas les correspondía recibir un 15% al momento del vencimiento, un 25% a los 90 días del pago anterior (más el interés) y el saldo remanente a los 180 días.

Con la resolución de Hacienda de la semana pasada, la propuesta ahora a las provincias es comprarle esos títulos en los tiempos de vencimiento previstos antes del reperfilamiento, siempre y cuando demuestren la existencia de una urgencia para hacerse de esos recursos. Pero además se suma el espinoso hecho de que a priori la intención del Gobierno nacional es comprar los títulos en pesos, a excepción de que el distrito demuestre una estricta necesidad de dólares.

“Tiene que estar justificada la utilización de los dólares; si quieren cambiar las Letras sin justificación, lo podrán hacer pero convertidas a pesos, a valor dólar del Banco Nación”, explicaron días atrás desde la administración de Macri. Esa doble imposición genera malestar entre varios Ejecutivos provinciales, y los más críticos -sobre todo, por la pesificación de esos rescates- no descartan elevar el planteo a la Corte.

“Ya desde el vamos que hablen de ayuda financiera a quienes tenemos instrumentos reperfilados predispone mal; no estamos pidiendo ayuda: si nos pagan los títulos que se vencieron es suficiente”, remarcaron desde cercanías de un gobernador a Ámbito.

“Necesitamos los dólares para pagar intereses de títulos en dólares”, señalaron desde otro distrito.

“Todavía no tenemos más detalles y el tema sigue sin definiciones”, aportaron desde otra provincia.