El bloque de senadores del Frente de Todos avanzará con las sesiones virtuales para el tratamiento del proyecto de ley que establece un impuesto extraordinario a los grandes patrimonios y ganancias multimillonarias, aún cuando este martes el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, recomendó a la Corte Suprema de Justicia desestimar el pedido que la vicepresidenta Cristina Fernández realizó días atrás para que el máximo tribunal se expida sobre la validez de sesionar a través de medios digitales en el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio dictado a raíz de la pandemia del Covid-19.

El dictamen de Casal no causó sorpresa en el oficialismo, a tal punto que están casi seguros de que la Corte Suprema retomará parte de su argumentación para rechazar el planteo de la presidenta del Senado. En su escrito, el jefe de los fiscales señaló que "corresponde desestimar la solicitud" por tratarse de una consulta y no de una controversia que deba resolver el alto tribunal y remarcó que el Poder Judicial actúa "en las causas de carácter contencioso, limitación que, cuando se refiere al examen de las actividades ejecutiva y legislativa, es imperioso respetar para la preservación del principio de división de poderes".

Si bien están a la espera de la respuesta de la Corte Suprema y el dictamen de Casal no es vinculante, fuentes del Frente de Todos dijeron que se "avanzará en la sesión virtual" para discutir temas tributarios, que van desde gravar las grandes fortunas hasta derogar la ley que habilita el ajuste por inflación para la confección de los balances en las empresas.

Lo único que podría frenar la decisión de implementar las sesiones remotas en la Cámara alta es que el máximo tribunal, que preside Carlos Rosenkrantz, manifieste abiertamente que esa modalidad "no es constitucional".

Mientras desde la oposición, en especial por parte de Juntos por el Cambio, rechazaron la posibilidad de sesionar de forma virtual, el bloque de senadores oficialista, que encabezan José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, y la conducción del Partido Justicialista (PJ), a cargo de José Luis Gioja, enviaron un nuevo pedido a la Corte para que avale la realización de sesiones a distancia, en sintonía con la solicitud de la vicepresidenta.

En el documento, los legisladores oficialistas consideraron que "no es posible" sesionar de manera presencial por "los riesgos" que implicarían los traslados en avión de una provincia a otra en plena cuarentena y señalaron que "muchos pertenecen a grupos de riesgo, por lo que, en el hipotético caso de que se realizara una sesión presencial, podría estar plagada de ausencias, lo que alteraría las representaciones políticas". Además, Mayans sostuvo que en Formosa -la provincia que representa- por el momento no hay casos de coronavirus y que, en caso de que participara en una sesión en la Ciudad de Buenos Aires, al retornar a su provincia, se transformaría en "un riesgo para la salud pública local".