El Ministerio de Educación nacional y las provincias aprobaron ayer “de manera unánime” el protocolo obligatorio y de base que moldeará el retorno escalonado y progresivo a las clases presenciales en todo el país. Fue un paso adelante, pero en paralelo los gobernadores buscan contener otro foco de necesaria atención para blindar un regreso sin contratiempos: el de los reclamos salariales y laborales de los gremios docentes.

“Esta reunión es parte de la estrategia conjunta que venimos transitando para poder proyectar un regreso seguro a las aulas, priorizando siempre la salud de toda nuestra comunidad educativa”, enfatizó el ministro Nicolás Trotta, en el marco de un encuentro virtual con sus pares provinciales, aglutinados en el Consejo Federal de Educación.

El protocolo -destinado a la educación obligatoria y a los institutos superiores- define pautas para preparar las escuelas antes de la apertura y para el desenvolvimiento interno una vez que abran. El mix apunta al rediseño de la dimensión física y de los flujos del movimiento dentro de la escuela, en base al distanciamiento físico, el tiempo de exposición, la dinámica del aire y la higiene personal.

La reanudación de las clases se dará a través de un escalonamiento progresivo en función del grado de circulación viral de cada distrito, con asistencia alternada de alumnos y una combinación de “tiempos de presencialidad y no presencialidad”. La prioridad a la hora del retorno será para las zonas rurales, y para el último año de primaria y secundaria.

La discusión en torno a si será obligatorio o voluntario para los alumnos asistir a clases presenciales quedó para más adelante. “Lo primordial es llevar tranquilidad a las familias”, explicaron desde la cartera educativa ante este diario.

Cada provincia, en tanto, deberá presentar un Plan Jurisdiccional de retorno a clases avalado ya por las autoridades sanitarias locales

Cada provincia, en tanto, deberá presentar un Plan Jurisdiccional de retorno a clases -avalado ya por las autoridades sanitarias locales- ante la cartera educativa nacional.“La fecha a partir de la cual pueda iniciarse el proceso de reanudación de clases en cada jurisdicción estará supeditada a las recomendaciones de las autoridades sanitarias nacional y jurisdiccional que corresponda”, define el protocolo.

En el Palacio Sarmiento consideran a priori que en las provincias con Fase 5 (baja o nula circulación viral) podrían iniciar el retorno a principios de agosto. Pero pesará fuerte la decisión de los gobernadores, aunque deberá haber guiño nacional también para el plan de reanudación de clases y sus protocolos.

Ese esquema mínimo de exigencias -que luego cada gobernador podrá profundizar- deberá recibir luego el aval de los gremios nacionales, en una reunión con Trotta que se concretaría la semana que viene.

“Entendemos que el documento en líneas generales está bien, pero hay temas que son específicos de las condiciones de trabajo y de salud de los docentes y de los edificios escolares que tienen que ser tratados en el ámbito de la paritaria; lo que hemos planteado todos los gremios docentes es que haya una paritaria específica para la vuelta a clases”, aseguró ayer la titular de Ctera, Sonia Alesso, a Ámbito.

“Es un protocolo marco general que era una cuestión básica e indispensable”, sostuvo por su parte ante este diario el titular de UDA, Sergio Romero, y advirtió que “hay que adecuar las escuelas porque hoy no están en condiciones de tener presencialidad”.

Pero en paralelo al avance en el protocolo, la pandemia no acalló los reclamos salariales y laborales de los docentes a los gobernadores, aunque mutó la modalidad de protesta. En las últimas semanas, sindicatos de al menos una decena de provincias llevaron adelante “apagones” virtuales –paralizaron el dictado de clases remotas- para amplificar sus planteos.

“Todo esto está supeditado a regularizar la situación de los trabajadores; hay provincias que pretenden pagar el aguinaldo en cuotas, otras con cronogramas de pago extendidos, y en otras ni siquiera se ha convocado a paritarias y están con el salario del año pasado; a esto hay que sumarle que se cambiaron las condiciones de trabajo”, dijo Romero “Si no se regulariza esto, va a haber dificultades más allá del protocolo, y ya hay escenario de conflicto en algunas provincias”, advirtió.

“En muchos sindicatos del país se avecinan conflictos por no haber resuelto la situación salarial en el primer semestre”, coincidieron desde filas de otro de los sindicatos. “Las provincias más complicadas son las que no tuvieron aumento; la provincia de Buenos Aires es una de las que sí lo tuvo”, desmalezaron. Y el caso más grave es Chubut, incluso con atrasos salariales.

Desde algunos distritos -son por el momento una minoría- advirtieron ya que si no reciben una respuesta a sus reclamos activarán medidas de fuerza en el retorno a las clases presenciales, cuando se confirme ese calendario.

En el caso de Buenos Aires, estratégico, el gobierno de Axel Kicillof convocará la semana que viene a las mesas técnicas paritarias salarial y laboral. “Primero vamos a monitorear cómo fue el resultado entre el aumento ya otorgado y la inflación, para luego analizar el segundo semestre”, dijo ayer el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, al ser consultado sobre si elevarán un pedido de aumento.