{jkhighlight}Mediante dos resoluciones publicadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), el Gobierno inició ayer el proceso de análisis, discusión y determinación de una nueva tarifa residencial, industrial y comercial de la energía eléctrica. Se estima que comenzará a regir a partir de mediados de marzo y será de “transición” hasta que concluya la nueva Revisión Tarifaria Integral. La actualización, que se pospuso en distintas oportunidades a lo largo del último año y medio, supondrá una presión extra para una inflación en alza{/jkhighlight}.

“El miércoles se conoció el dato de balance fiscal del 2020 y vimos que los subsidios económicos superaron los 2,5 puntos del PBI: es decir, un punto más que 2019. Por tanto, ese ritmo de crecimiento en subsidios obliga a realizar algún tipo de ajuste en esta materia. Claramente, este crecimiento se vio propiciado por la necesidad de evitar un ajuste de tarifas en un año (2020) de pérdidas de ingresos y empleo, que hubiese golpeado mucho más a las familias”, analizó Santiago Manoukian, de Ecolatina, quien agregó: “El Gobierno está en un gran dilema este año: elegir entre un mayor rojo fiscal financiado con emisión o aplicar correcciones a las tarifas de servicios públicos, con un impacto en la inflación de los hogares. Una inflación que ya viene en la zona del 3,5%/4% y que esperamos que se mantenga en ese nivel en el primer trimestre”.

“La inflación ya viene con una inercia que es preocupante. En nuestro relevamiento de precios semanales, detectamos que la inflación de alimentos se está acelerando y ya tiene un piso de 4%. En este contexto, descongelar tarifas va a ejercer presión sobre los precios. El hecho de que sea una ‘adecuación transitoria’, entiendo que tiene más implicancia sobre la progresividad de los aumentos. Pero inevitablemente se debe avanzar con el descongelamiento y eso ejerce algún tipo de presión en los precios. Es un poco preocupante el tema, considerando que los últimos meses del año pasado ya tuvieron registros mensuales superiores al 3%, a pesar de tener muchos precios regulados”, sostuvo por su parte Julia Segoviano, economista de la firma LCG, quien remarcó que resta esperar de cuánto serán los aumentos, “si son significativos o si en cambio se hace un descongelamiento más lento”.

Para Jorge Neyro, de ACM, un incremento moderado en las tarifas no propiciará un fuerte salto en los datos de inflación: “Suponiendo un aumento del 10%, que es lo que se estima que podría aprobarse, en el corto plazo podría sumar 1% más de inflación entre marzo y abril, contando los efectos de segunda vuelta. Se va a notar, pero no va a ser un golpe inflacionario muy grande. Por otra parte, hay que ver cuándo son los próximos aumentos, si se posponen para después de las elecciones o cómo va a ser el cronograma. Pero comparado con un aumento de un solo momento de 30%, que sería la inflación prevista en el presupuesto, el impacto es mucho menor al hacerse escalonado y el efecto es menos disruptivo”.

“Vemos una inflación cerrando en torno al 45% en 2021, asumiendo que no hay un salto cambiario, que la brecha sigue alta y que hay un ajuste de tarifas que permite no expandir el gasto en subsidios este año. Hay incertidumbre de si el Gobierno va a mantener el objetivo de hacer crecer los subsidios en líneas con la inflación, que es lo que estaba en el presupuesto. Si el Gobierno decide ir por un ajuste tarifario menor a lo que decía el presupuesto, los impactos inflacionarios serían menores en el corto plazo”, concluyó Manoukian.