{jkhighlight}El Gobierno afinará el lápiz a partir de este miércoles para monitorear los precios básicos en la cadena de producción, en medio de la aceleración de la inflación de los últimos meses, con su piso alto del 3,6%{/jkhighlight}.

Fuentes del ministerio de Desarrollo Productivo adelantaron a un prestigioso medio la creación del "Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica" (Sipre), por medio del cual las grandes empresas productoras de insumos clave deberán presentar Declaraciones Juradas mensuales con el detalle de las cantidades vendidas, a qué valores y el stock remanente.

En un primer momento, estarán alcanzadas por la resolución que pondrá en marcha el Supre -lista para publicarse en las primeras horas del miércoles- unas 500 compañías de los sectores de la construcción, químico y agroquímico, alimentos, electrónica y electrodomésticos. Luego, se sumarán otras 500 de otros rubros para llegar a un total de 1.000, determinadas a partir de los mínimos de facturación que figuran en la resolución de la Secretaría pyme 220/2019.

Según detallaron las fuentes, este nuevo Sistema ya está listo, por lo que la publicación en el boletín oficial de la resolución, y algunos días después la disposición con los detalles de los sectores alcanzados, será solamente la puntada final de un trabajo informático que ya lleva meses.

{jkhighlight}En el ministerio de Desarrollo Productivo aclararon que la norma no fue consensuada con los empresarios, por lo que es de esperar que haya quejas a partir de su implementación{/jkhighlight}.

En concreto, lo que deberán hacer las firmas es presentar entre el 1 y el 10 de cada mes el precio y volumen de sus ventas de bienes finales e intermedios del mes inmediato anterior. En esta primera oportunidad, que debutará en abril, corresponderá al período acumulado entre enero y marzo.

Las Declaraciones Juradas deberán precisar los precios, cantidades vendidas y stock disponibles, que serán sistematizadas automáticamente por el Sipre. El objetivo, explican en el Gobierno es "avanzar y consolidar compromisos sectoriales de precios y abastecimiento, que no se limiten sólo a la venta a las y los usuarios finales sino a todos los eslabones intervinientes en la cadena de comercialización".

Al mismo tiempo, permitirá detectar "desequilibrios de precios entre los eslabones de una cadena de valor, conductas especulativas ligadas a incrementos injustificados de precios, dificultades de aprovisionamiento de insumos o de productos finales, cambios en los hábitos de consumo", entre otras variables a monitorear.

De esta manera, desde el Ministerio podrán contar con "alertas tempranas" para evitar cuellos de botella y desabastecimiento.

Las fuentes señalaron en todo momento que esta información no será pública, sino confidencial.

Todo en un contexto de una inflación que comenzó a acelerarse a fines del año pasado y por el momento no da señales de bajar, y en el marco los problemas que presentaron rubros como el de la construcción, en donde se observaron faltantes y un salto de precios como consecuencia de un shock de demanda.

De no cumplir con estos requerimientos, las empresas serán sometidas a la ley 20.680 de abastecimiento, que luego fue actualizada y suavizada en el 2014 con la 26.991.