El exdirector de Ceremonial de la Cancillería de Bolivia Renzo Antelo Fernández pasará los próximos seis meses en prisión por haber autorizado ilegalmente el ingreso del contingente de gendarmes desde la Argentina que llevaron 70.000 balas de goma que terminaron en poder de las fuerzas que dieron el golpe contra Evo Morales.

El exfuncionario había sido detenido el miércoles por la policía boliviana y, en las últimas horas, el Juzgado Séptimo Cautelar de La Paz ordenó su detención preventiva y el envío a la cárcel de San Pedro, ubicada en la capital del Estado Plurinacional. Antelo Fernández se convierte, de esta forma, en el primer funcionario detenido en Bolivia después de que en julio pasado estallara el escándalo por el envío de municiones por parte del gobierno de Mauricio Macri.

El exfuncionario de la Cancillería está acusado de haber falsificado una firma para garantizar que el 13 de noviembre de 2019 ingresara el contingente de gendarmes del Grupo Alacrán que llegó a bordo de un avión Hércules al aeropuerto de El Alto. En ese sentido, la justicia boliviana investiga a Antelo Fernández por los delitos de tráfico ilícito de armas, falsedad material y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

El 8 de julio pasado, un prestigioso medio reveló la carta en la que el exjefe de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Gonzalo Terceros Lara agradecía al embajador argentino por el envío de 40.000 balas antidisturbios. Días después, la Policía de Bolivia halló en unos depósitos 26.900 balas de goma que habían sido enviadas desde la Argentina. Esos hallazgos demuestran que los pertrechos que la Gendarmería pidió sacar en noviembre de 2019 -- con el argumento de que serían usados para resguardar la seguridad de la embajada y de la residencia del embajador argentino-- terminaron en poder de las fuerzas que dieron o apoyaron el golpe contra Morales y que reprimieron las protestas.

La detención de Antelo Fernández es independiente de la causa que tramita en la justicia en lo penal económico en Argentina. En julio pasado, Martín Soria (Justicia), Mercedes Marcó del Pont (Administración Federal de Ingresos Públicos) y Sabina Frederic (Seguridad) denunciaron al expresidente Macri, a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y al exministro de Defensa Oscar Aguad, entre otros, por el envío de armas a Bolivia.

La investigación estuvo en manos inicialmente del juez Javier López Biscayart y del fiscal Claudio Nievas Rial, que imputó a Macri, a sus exministros y a varios integrantes de la Gendarmería por el contrabando agravado. Después, la Cámara en lo Penal Económico consideró que el expediente debía pasar a manos de Alejandro Catania, que en los últimos tiempos estuvo abocado a reunir pruebas desde Bolivia y las que faltaban de la administración nacional.

El gobierno de Alberto Fernández continuó ampliando la denuncia por el envío de armas. En la última ampliación, se incorporó, entre otros, al exjefe de Gabinete Marcos Peña, al excanciller Jorge Faurie y al exsecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo. La sospecha sobre ellos se ciñe a lo que sucedió el 12 de noviembre de 2019 en la Casa Rosada.

Horas antes de que los gendarmes partieran hacia Bolivia, Faurie visitó a Macri en la Casa de Gobierno. Un rato más tarde, Peña invitó a su despacho a los jefes de las cuatro fuerzas federales de seguridad. Al encuentro también concurrió Patricia Bullrich. Una curiosidad fue que el entonces jefe de la Gendarmería Gerardo Otero fue acompañado por un asistente. Mientras el encuentro transcurría en la Casa Rosada, la Gendarmería pedía autorización a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) para sacar las 70.000 balas que después repartió entre la FAB y la Policía de Bolivia.

Por el momento, la justicia argentina no llamó a ninguno de los imputados a brindar explicaciones.