Las empresas transportadoras y distribuidoras de gas que operan en el país presentaron este miércoles sus propuestas de adecuación transitoria de la tarifa del servicio, con un impacto variable en el valor final de las facturas, según la región geográfica y la categoría de usuario.

Las presentaciones se realizaron de manera remota en el marco de la audiencia pública 102 convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), y serán motivo de análisis del organismo y de la Secretaría de Energía, a los efectos de resolver los aumentos definitivos.

La tarifa final que pagan los usuarios de gas tiene cuatro componentes con una participación variable según la ubicación geográfica y la densidad de población: el precio de gas en boca de pozo, el transporte, la distribución y, finalmente, los impuestos nacionales y provinciales y las tasas y contribuciones municipales.

Por lo tanto, el impacto en la tarifa final aún no puede ser determinado, ya que aún faltan debatir los precios mayoristas del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que se prevé llevar a cabo en una nueva audiencia el 31 de enero próximo.

La audiencia fue presidida por el gerente general del Ente, Osvaldo Pitrau, ya que el interventor Federico Bernal, se encuentra aislado por haber sido contacto estrecho de una persona contagiada de Covid-19.

En su introducción, Pitrau puntualizó que la audiencia "no es un espacio de decisión" sino de presentación de propuestas que "serán debidamente ponderadas" al momento de fijar los nuevos valores tarifarios.

En una primera instancia, expusieron los representantes de Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGS), que fueron seguidos por los expositores de las distribuidoras (Metrogas, Naturgy Ban. Litoral Gas, Gas Cuyana, Gasnor, Camuzzi Gas del Sur, Camuzzi Gas Pampeana, Gas del Centro, GasNea y Redengas).

Guillermo Cánovas, en representación de TGN, solicitó un aumento transitorio en la tarifa de transporte del 87,4%, que representa entre 4,6% y 10,6% para el usuario final residencial según la zona del país.

Por su parte, Rubén de Muria, de TGS, propuso un ajuste en dos etapas, con un aumento del 80% en la tarifa de transporte a partir de marzo y 25% a partir de septiembre.

Al respecto, puso como ejemplo que un cliente de Metrogas con un consumo promedio de 220m3/año, debería hacer frente a un aumento promedio de $38 por mes en la primera etapa y de $22 en la segunda.

Sebastián Mazzucchelli, en representación de Metrogas (Ciudad de Buenos Aires y sur del conurbano bonaerense), solicitó un aumento de 76,23% a partir de marzo, con tres opciones de aplicación.

En la primera alternativa, el impacto en la tarifa residencial sería del 33%, en la de usuarios comerciales del 24%, los industriales tendrían un ajuste del 3,44% y los usuarios de GNC un 3,01%.

En la segunda propuesta, el impacto en la tarifa final sería del 35% para los residenciales y del 20% para los comerciales; en tanto los industriales y el GNC no tendrían cambios en relación con la iniciativa anterior.

La tercera opción tendría un impacto en la tarifa final del 26% para los usuarios residenciales, 19% para los comerciales, 6,34% para los industriales y 2,37% para el GNC.

José Luis Fernández Fontana, de Naturgy Ban (Norte de la provincia de Buenos Aires, incluyendo partidos del oeste y norte del conurbano), planteó un ajuste del 82,9% que, en tanto no se resuelva un diferendo que la compañía mantiene con Metrogas, pasaría a ser del 85,5%.

Fernández Fontana indicó que el impacto final en la factura de los usuarios sería en promedio de 29%, sin hacer distinciones por categorías.

Ariel Sánchez, en representación de Gasnor (Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero) planteó un ajuste de 77,73% con un impacto del 37% en la factura de los usuarios residenciales, 12% para las pymes, 4% para las industria y 2% para el GNC.

En tanto, Rodrigo Espinosa expuso en nombre de Camuzzi Gas Pampeana (sur de la provincia de Buenos Aires y La Pampa) y y Camuzzi Gas del Sur (provincias patagónicas y el partido bonaerense de Patagones).

Para el área de cobertura de la primera de las compañías el ajuste propuesto fue del 79%, con un impacto en la tarifa residencial del 26% para los consumos bajos y del 19% para los medios, aunque para los beneficios del régimen de zonas frías representaría, respectivamente, reducciones del 11% y el 15% en relación con los niveles vigentes antes de la aplicación de ese programa.

En una segunda alternativa, el impacto en las facturas sería del 23% para los usuarios residenciales de bajo consumo (-13% para los de zonas frías), y 15% para los de consumo medio (-18%), 5% para las pymes, 4% para los usuarios de GNC y 8% para los Grandes Usuarios Industriales.

Para el área comprendida por Camuzzi Gas del Sur, el ajuste propuesto es del 119% con un impacto del 25% en las facturas de los usuarios residenciales de bajo consumo y 29% en los de consumo medio, en tanto sería del 11% para las pymes, 2% para los de GNC y 3% para la gran industria.

Una segunda alternativa, con diferentes ajustes en los cargos fijo y variable, tendría un impacto de 25% en los consumos residenciales bajos, 28% en los medios, 11% en las pymes, 3% en los de GNC y 5% en los grandes usuarios industriales.

Juan Salum, en representación de Distribuidora de Gas del Centro (Córdoba, Catamarca y La Rioja), presentó tres alternativas de aplicación de un aumento del 72,2%, con un impacto promedio en las facturas del 25,5% en los usuarios residenciales, que a su vez implicaría una rebaja del 12,1% en los beneficiarios del régimen de zonas frías y del 37,2% en los que, además, cuentan con tarifa social.

En cuanto a la Distribuidora de Gas Cuyana (Mendoza, San Juan y San Luis) la incidencia en la tarifa para los usuarios residenciales sería de un promedio de 24,4%, con una baja del 13% para el régimen de zonas frías y del 37,2% para la tarifa social que, según Salum, son el 99% del total de los clientes.

Por su parte, el apoderado de Litoral Gas (Santa Fe y 7 partidos bonaerenses), Carlos Lufft, propuso un ajuste del 79,1%, que tendría un impacto promedio en las tarifas finales del 20% para los usuarios residenciales, con una reducción para los beneficiarios del régimen de zonas frías del 16% al 40%, en tanto la incidencia sería del 32% para pymes, y 4% para GNC y usuarios industriales.

En nombre de Gasnea (Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones) expuso Vanina Barbieri, quien presentó dos opciones de incremento tarifario.

La primera consiste en un ajuste del 82,04%, con incidencias del 20% al 25% para los usuarios residenciales, del 10% al 15% para los comerciales, del 4% al 7% en los industriales y del 4% para GNC.

Una segunda propuesta presentó un aumento del 58% en la tarifa para las categorías residencial y comercial y del 171,16% para grandes usuarios y GNC.

En este caso, el impacto en la tarifa final sería del 15% al 20% para residenciales, del 8% al 11% para los comerciales, del 5% al 9% para los industriales y de 8% para los de GNC.

Por último, Alberto Gutiérrez, de Redengas (Paraná) planteó un ajuste promedio para usuarios residenciales del 4,55%, y aseguró que el impacto mensual en las tarifas oscilaría entre $296,63 y $2.340,54.

El interventor del Enargas, Federico Bernal, destacó el rol de las audiencias y sostuvo que "cuando lleguemos al final de este camino y tengamos ya una tarifa renegociada que sea justa, razonable y asequible, vamos a valorar estas audiencias como hitos fundamentales de expresión popular".

Por su parte, el secretario de Energía, Darío Martínez, había ratificado días atrás que el aumento en las tarifas de los servicios de gas y de electricidad se ubicaría en torno al 20% promedio, muy lejos de las propuestas presentadas por las empresas. Esa suba del 20% no se aplicará de manera uniforme entre todos los usuarios sino de manera segmentada según su capacidad económica, con criterios que aún no se terminaron de definir.

La discusión se enmarca en el objetivo del Gobierno de aplicar una reducción de los subsidios energéticos, que representan aproximadamente dos tercios del total de transferencias a sectores económicos, empresas públicas y fondos fiduciarios.