Enfrentamientos entre manifestantes en contra de las mineras y la Policía catamarqueña dejaron como saldo denuncias cruzadas, heridos y una mujer detenida en la localidad de Choya, departamento de Andalgalá.

De acuerdo a los asambleístas, los efectivos de la Policía de Catamarca reprimieron este martes a los vecinos reunidos en Choya, a la vera de la ruta provincial 47, en una manifestación que tenía como objeto impedir el paso de camiones, maquinaria y combustible para el proyecto minero de exploración de la empresa Agua-Rica.

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Después de ser desalojados del acampe en la zona montañosa de Minas Capillitas por siete patrulleros policiales, los lugareños regresaron a Choya para protestar contra la represión. Al rato, se produjeron los enfrentamientos que se muestran en el video, con balazos de goma incluidos. Además, los asambleístas denunciaron que la Policía arrestó a la manifestante Karina Orquera y que varios de los manifestantes resultaron heridos, debiendo ser trasladados al hospital zonal. Desde la Asamblea El Algarrobo, denunciaron que fue el fiscal Martín Camps, quien ordenó el despliegue de las fuerzas policiales.

En contrapartida, la Policía denunció a los manifestantes por agresiones y dieron a publicidad fotografías y videos en los que se ve que se repliegan al recibir piedrazos, en medio de sonidos de detonaciones de armas.

Bajo el título “Grupo anti minero emboscó un móvil policial”, desde el Ministerio de Seguridad catamarqueño emitieron un comunicado en el que culpan a “un grupo de antimineros” por “bloquear la ruta para impedir el paso de la Policía de la provincia y mediante emboscada comenzaron a agredir a los vehículos y a los uniformados con palos y piedras, dejando 5 policías heridos y dañando las unidades móviles”.

Según el informe policial, los efectivos descendieron de las unidades y siguieron siendo agredidos, “lo que motivó que se realicen disiparos con cartucho anti multo (postas de goma) al piso y al aire para lograr disuadir a los manifestantes”.

En tanto, el comisario Ángel Agüero, jefe de la Policía Provincial, aseguró que el operativo “respondió a que el corte de ruta impedía a los obreros que trabajan en la minera Agua Rica regresar a sus hogares y hacer el recambio, por lo que la presencia policial fue para prevenir un enfrentamiento”.

De acuerdo a Agüero, “se está viralizando que hay personas heridas, pero no vieron cómo fue agredida y atacada la Policía”, al tiempo que confirmó que hay efectivos heridos por “pedradas”.

Asimismo, la Asamblea El Algarrobo denunció a través de un comunicado que “en el marco del conflicto minero de la población de Choya y Andalgalá, el Gobierno y la Justicia desplegaron las fuerzas policiales para garantizar la impunidad a 4.000 msnm de la empresa minera (proyecto MARA) reprimiendo solapadamente a la población de Andalgalá que se encontraba en uno de los ingresos de la empresa hacia el yacimiento minero Agua Rica”.

Los ambientalistas recordaron que los vecinos de Choya “desde el 5 de abril vienen pidiendo la presencia del Gobernador para hacerle conocer la problemática con respecto al Río Choya y la disconformidad de la población con el emprendimiento MARA en la región”.

Este miércoles, grupos de izquierda encabezaron una marcha de protesta en la plaza 25 de mayo y culparon al Gobierno por la represión. “Repudiamos la represión llevada adelante por la policía a los vecinos de Choya, en Andalgalá, que reclaman para que no se destruyan sus condiciones de vida, producto de la instalación del emprendimiento megaminero MARA-AGUA RICA”.

Además, Juntos por el Cambio también exigió en redes sociales “al Gobierno de la Provincia el pronto restablecimiento de la paz social en Andalgalá” y responsabilizó al Gobierno por la falta de diálogo.

Comunicado del Servicio Paz y Justicia

“Desde el Serpaj ,como organismo de derechos humanos denunciamos la represión en Andalgala y en Choya en el día de hoy . Le recordamos a los responsables políticos que el derecho a la protesta está garantizado por la Constitución Argentina.

La megamineria solo se podría implementar si hay consenso social al respecto. No se puede imponer a sangre y fuego. La autodeterminación de los pueblos y la protección de los derechos humanos son un piso para todo Estado de Derecho, no son una serie de normas sin correlación con la realidad.

Exigimos el cese inmediato de la represión estatal a los pueblos.

Llamamos a las organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos y autocovades a que se solidaricen con los pueblos en su justo derecho a la protesta. Basta de criminalizar a quienes se organizan para proteger la madre tierra y a nuestros pueblos.

Exigimos la libertad inmediata de Karina Orquera detenida en la comisaría departamental de Andalgala“.