La cautelar que fue presentada por los abogados defensores de Fellner en la llamada "Megacausa" apunta directamente a poner en foco el orden constitucional de la provincia, ya que considera que "se verificó un caso de grave afectación de las instituciones y del sistema constitucional", es decir que hay un manifiesto inconstitucional del proceder del Ministerio Público de la Acusación como órgano de justicia.

Esto derivó a que el Superior Tribunal suspendiera las acciones y procesos disciplinarios que el fiscal Lello Sánchez puede tomar con respecto al pedido de enjuiciamiento del fiscal penal Diego Cussel, que se encuentran comprendidas dentro de las competencias otorgadas por el Ministerio Público de la Acusación.

Los abogados defensores del ex gobernador solicitaron medidas urgentes para evitar que el Ministerio Público de la Acusación y sus organizaciones avancen en el control de la conducta de Cussel, "ya que podría frustrar la participación de la Justicia, quien según la Constitución, es el verdadero y único órgano con competencia y autoridad para realizar esa especial y específica función".

Por esto, el Ministerio Público de la Acusación debe abstenerse de adoptar medidas de naturaleza disciplinaria contra el fiscal Diego Cussel, y participar a través de cualquier de sus órganos e integrantes en la valoración de la conducta del mencionado fiscal y en cualquier instancia referida al trámite de “remoción” de los fiscales penales de investigación.

Las solicitudes legales de Fellner se iniciaron a razón de que en Jujuy se sancionó la Ley 5895 en la que se le atribuye al Ministerio Público de la Acusación funciones que en realidad le corresponden al Superior Tribunal de Justicia, lo que derivó por ejemplo que el mismo Ministerio pueda aplicar sanciones a sus fiscales.