“Lo que están avalando desde el oficialismo parlamentario es que el Ejecutivo le meta las manos a los bolsillos a otros organismos del Estado que gozan de autonomía financiera y de la independencia de poderes”, así fundamentó su posición personal y la de su Bloque el diputado justicialista Alberto Matuk, anticipando el porqué de la decisión de su espacio de no acompañar la propuesta del gobierno.
Basó su exposición en una razón de orden constitucional. “Aquí hay una decisión del gobernador que, como venimos marcando, tiene la suma del poder público y ahora pretende manejar las finanzas de otros poderes y organismos autárquicos. Esto nos causa preocupación, porque vemos que hay un exceso del gobierno que supera sus propias atribuciones y que en este proyecto no estipula ni siquiera plazos de vigencia del instrumento financiero”, subrayó.
En tanto, la diputada Alejandra Cejas (PJ) sostuvo que lo que pretende el Ejecutivo es hacer cómplice a la Legislatura de un decreto que es antirepublicano y antidemocrático. “Que una sola persona trate de adjudicarse el manejo de todos los fondos provinciales, ya sea de los dineros de otros poderes del Estado, organismos autárquicos e instituciones descentralizadas, habla de que no tenemos un sistema democrático sano”, opinó.
“Nos vinieron a pedir, algo que desde el justicialismo no acompañamos, que le otorguemos al gobernador la suma del poder público para el manejo discrecional de los fondos de todos los poderes del Estado, algo que es absolutamente ilegal, inconstitucional e inmoral”, dijo a la vez de detallar los distintos endeudamientos millonarios tomados por el gobierno de Morales en los últimos meses, cuyos montos superan los 850 millones de dólares.
En ese marco, enumeró que en poco tiempo el gobierno tomó créditos por 307 millones para educación, 126 millones para parques solares dispersos, 300 millones para la ampliación del parque solar de Cauchari, 76 millones para el tren de la Quebrada, y 22 millones para modernizar el Estado. “Ahora pide manejar todas las cuentas públicas de la provincia”, reclamó, al tiempo de describir que Jujuy tiene un presupuesto anual de 64 mil millones de pesos y que a la fecha el endeudamiento alcanza prácticamente dos presupuestos.
A su turno, Javier Hinojo (PJ) le pidió al gobierno tener criterio “porque no se puede estar asumiendo un endeudamiento atroz en dólares y en medio de la inestabilidad cambiaria actual, y por otro lado pretender manejar los recursos de otros poderes y organismos del Estado, incluyendo partidas como las correspondientes al Fondo Especial del Tabaco que no le corresponden.
No obstante los planteos del justicialismo, el oficialismo parlamentario avanzó con la aprobación de la norma sin alcanzar los dos tercios, o la mayoría agravada que implican 32 votos, aunque la oposición anticipó una catarata de planteos de inconstitucionalidad de la Ley por avanzar sobre la autonomía de otros poderes y organismos autárquicos.
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