En el marco de una Asamblea Extraordinaria, el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) rechazó enérgicamente la eliminación del Fideicomiso de Bosques Nativos, dispuesto por Decreto del gobierno nacional. Además, sentaron posición e hicieron una defensa irrestricta de esta herramienta que desde su creación ha permitido fortalecer los procesos de transferencia de fondos destinados a la conservación de los bosques nativos en cada jurisdicción.
Estuvieron presentes en la Asamblea, la Subsecretaria de Ambiente de Nación, Ana Lamas, y el Subsecretario Juan Rodrigo Walsh y ministros, ministras, secretarios y secretarias de Ambiente de las provincias argentinas. Por parte de Jujuy participó la ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán, quien además preside la Comisión de Bosques Nativos del COFEMA. Estuvo acompañada por la secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, Ana Rodríguez; el director de Bosques y Manejo y Uso del Suelo, Javier Albanesi; y la directora de Asuntos Jurídicos, Florencia Puebla.
En la oportunidad, los representantes de Nación confirmaron que los fondos asignados para los períodos 2022, 2023 y 2024, serán distribuidos conforme lo establece la Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos para la conservación de los bosques nativos antes de la disolución del fideicomiso, no así los intereses generados por el Fideicomiso del FOBOSQUE.
Al momento de hacer uso de la palabra, la ministra Zigarán reconoció la importancia de que los fondos pendientes de distribuir entre las provincias no se pierdan, producto de la disolución del fideicomiso del Fondo de Bosques Nativos. No obstante, expresó la preocupación compartida de la mayoría de las provincias, por la eliminación del Fideicomiso que contiene los fondos destinados a la compensación por los servicios ambientales de las superficies boscosas conservadas.
“Entendemos que es una medida inconstitucional, provoca lesiones jurídicas, vulnera el principio de no regresividad y desconoce unilateralmente la titularidad de las provincias sobre los beneficios generados por los servicios ecosistémicos de sus recursos naturales”, declaró la ministra jujeña. En el mismo sentido planteó que el Decreto Presidencial 888/24 pone en severo riesgo la transferencia de los fondos a los beneficiarios y a las distintas jurisdicciones que desarrollan políticas de conservación y aprovechamiento sostenible de los bosques.
Zigarán desplegó además una defensa del Fideicomiso, diciendo rotundamente que “a diferencia de los otros dos fondos fiduciarios que también fueron eliminados por el Decreto Presidencial –el de emergencias y el de Progresar- el FOBOSQUE es una herramienta eficaz que cuenta hasta el momento con alrededor de 15.800 millones de pesos, y es donde se conservan los fondos para derivarlos a las provincias luego de que éstas cumplen con los requisitos exigidos por la normativa vigente”.
María Inés Zigarán consideró entonces que “hubo una decisión unilateral del poder ejecutivo nacional”. Y defendió el fideicomiso considerando que es herramienta administrativa eficaz. Su desaparición vulnera también el concepto de concertación, federalismo ambiental, y a futuro va a generar una devaluación de los fondos que se intentan preservar en beneficio de los bosques que son tan estratégicos en un contexto de cambio climático y pérdida de biodiversidad".
Durante la asamblea se aprobó una resolución donde Cofema expresa que el Decreto del PEN 888/2024, especialmente en cuanto a la disolución del fideicomiso de FOBOSQUE, "es inconstitucional, violatorio de los convenios internacionales de París y Escazú, el principio ambiental de no regresividad, por arbitrario en tanto no se dio participación a los miembros del COFEMA, en el carácter de coadministrador de los fondos de acuerdo a lo previsto en la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos Ley 26331 y sus normas reglamentarias"; y solicitaron su inmediata restitución.
En el mismo sentido, rechazaron el monto asignado por el Poder Ejecutivo Nacional en el proyecto de ley de presupuesto 2025 al FOBOSQUE, y solicitaron que el presupuesto de dicho fondo se constituya con el 0,3 % del presupuesto general de la Nación, como lo indica el Art. 31 de la Ley 26331.
Finalmente, las provincias argentinas en su gran mayoría, se reservaron el derecho de promover acciones políticas, institucionales, jurídicas en los términos del art. 41, 43 y 124 ss y cc de la Constitución Nacional, y las que sean necesarias para lograr que se restituya el fideicomiso sin que el ejercicio de las mismas a nivel Consejo Federal, límite de forma alguna las acciones que cada una de las jurisdicciones pueda llevar adelante en procura de protección de sus derechos afectados por el decreto 888/2024.
Esta resolución será remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación a sus efectos.
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