El expresidente Mauricio Macri quedó formalmente imputado esta semana como responsable del supuesto contrabando agravado de armas y municiones a Bolivia el 12 de noviembre de 2019 cuando se perpetraba el golpe de Estado contra el expresidente de ese país, Evo Morales.

La investigación la impulsó el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial quien entendió que "una maniobra hipotética como la que cabe investigar debería haber contado con algún nivel de concierto de quien ejercía entonces el cargo de Presidente de la Nación y, de suyo, el de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas".

El fiscal entregó ayer su dictamen al juez Javier López Biscayart a quien le requirió, además, que habilite la feria judicial para avanzar con esta investigación para la que pidió medidas a desarrollar tanto en este país como en Bolivia donde, según informes periodísticos locales, fueron encontradas más de 25.000 municiones antidisturbios de origen argentino.

La acusación alcanza además a otros seis exfuncionarios del Gobierno de Cambiemos entre los que sobresalen, por sus eventuales responsabilidades en la maniobra investigada y los cargos que ocuparon en el Poder Ejecutivo, el exministro de Defensa Oscar Aguad y la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

"La persona que habría autorizado el traslado de un grupo de Gendarmes con quienes, supuestamente, se transportaron los pertrechos en cuestión, fue la entonces Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich", escribió el fiscal, mientras que Aguad le endilgó la supuesta "provisión del avión que transportó el equipo humano y material".

El representante del ministerio Público Fiscal también imputó a los funcionarios de Gendarmería que habrían participado de la preparación del envió de armas a Bolivia: ex director general de la Gendarmería Nacional, Gerardo José Otero; y a los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde.

"Habrían intervenido en distintas fases del procedimiento de solicitud de autorización para exportar el material armamentístico involucrado, así como para justificar posteriormente, desde lo formal, el presunto desvío de su destino", señaló el fiscal.

La investigación tiene "la finalidad de aclarar las incógnitas que plantea el caso en relación a las aparentes discrepancias en la registración documental del material exportado, así como también con relación al destino declarado y al material otorgado a tales elementos".

El otro imputado es el exembajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, quien habría recibido una misiva en la que ex comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, agradecía el material supuestamente recibido de manos del Gobierno de Macri.

En el inicio de la investigación, el fiscal intentará establecer cuáles son las diferencias que existen en lo que fue el destino autorizado para los pertrechos antidisturbios y aquel al cual fue a parar, para establecer si ocurrió el desvío denunciado por tres funcionarios del Gobierno nacional.

El caso, al menos en principio, será investigado como un caso de contrabando agravado por la cantidad de personas que habrían participado de la maniobra, por el supuesto involucramiento de funcionarios públicos y por tratarse de armas de guerra.

A los imputados se los acusa por los delitos previstos en el artículo 863 del código aduanero que reprime con penas de 2 a 8 años de prisión al "que, por cualquier acto u omisión, impidiere o dificultare, mediante ardid o engaño, el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones y las exportaciones".

La imputación también menciona el artículo 867 del mismo código que penas de 4 a 12 años de cárcel "cuando se tratare de elementos nucleares, explosivos, agresivos químicos o materiales afines, armas, municiones o materiales que fueren considerados de guerra o sustancias o elementos que por su naturaleza, cantidad o características pudieren afectar la seguridad común".

Esta causa se inició por la denuncia presentada por los ministros Martín Soria (Justicia) y Sabina Frederic (Seguridad) y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont; mientras que hay otra vinculada a una denuncia con menor contenido formulada por el exjuez Eduardo Freiler.

En ese sentido, el fiscal solicitó al juez López Bicayart que avance también con el proceso de unificación de las causas que versan sobre un mismo hecho: la otra denuncia está en manos del juzgado que encabeza Alejandro Catania pero que por estos días subroga el magistrado Rafael Caputo.

Según la denuncia presentada por los funcionarios nacionales el hecho delictivo "consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero".

El material represivo puesto a disposición del Gobierno de facto boliviano habría consistido en, por lo menos 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógenos en spray MK-9; 5 gases lacrimógenos en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC.

De acuerdo a documentación incorporada a la denuncia, ese inventario de municiones no habría sido el definitivo: en julio del 2020, el Comandante a cargo de la Dirección de Operaciones de Gendarmería emitió una nota en la que dejó constancia que unos 70.000 cartuchos anti tumulto se habrían utilizado en Bolivia en maniobras de "entrenamiento", con el presunto objetivo de tapar el delito.

Fuente: Télam