La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación repudia y manifiesta su enorme preocupación por una nueva escalada en la persecución a organizaciones sociales en la provincia de Jujuy por parte de autoridades políticas y judiciales.

Esta mañana, se recibieron denuncias sobre allanamientos masivos y simultáneos realizados por la policía provincial a más de una decena de agrupaciones populares de diferentes localidades de la provincia con acusaciones ambiguas bajo la figura de asociación ilícita. Es evidente que la utilización del tipo penal de asociación ilícita pretende colocar a los dirigentes frente a la amenaza de la prisión preventiva. A criterio de la Secretaría de Derechos Humanos, se trata de una demostración más de la fragilidad institucional que se vive en Jujuy y de la falta de protección de los derechos humanos en la provincia.

Se trata de una causa iniciada de oficio por el fiscal provincial Diego Ignacio Funes, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública N° 2, en tanto que las medidas fueron autorizadas por el juez de Control Rodolfo Miguel Fernández.

Los allanamientos se realizaron en sedes de las organizaciones, merenderos y en el domicilio particular de militantes sociales en las ciudades de San Salvador de Jujuy, en el barrio Alto Comedero, en Tilcara, Palpalá y Calilegua. Además del secuestro de celulares, notebooks y pendrives, los aparatos fueron registrados en el momento, sin la posibilidad de que intervengan abogados defensores ni peritos de parte que controlen el proceso, algo que es absolutamente violatorio del derecho a la intimidad y privacidad.

Los hechos se producen luego de la visita realizada la semana pasada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, en la que se reunieron con la dirigente social Milagro Sala, quien fue internada en el marco de un creciente hostigamiento por parte de las autoridades jujeñas, tanto políticas como judiciales.

La dirigente social está detenida arbitrariamente hace casi 7 años y es perseguida en una decena de causas penales sin las garantías del debido proceso y, por ello, es beneficiaria de una medida provisional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó proteger su integridad física y psíquica.

La Secretaría de Derechos Humanos exhorta a las autoridades jujeñas a detener la persecución política a organizaciones sociales y a garantizar el Estado de Derecho y el pleno respeto de los derechos humanos en la provincia.