Con respecto al pozo E 3, informó la Ministra que el Gobierno de Jujuy se ha presentado como querellante en una causa penal que tramita en la justicia federal, pero además en la jornada de hoy se presentará nuevamente ante los tribunales federales para presentar una demanda por daño ambiental colectivo para lograr que los responsables asuman el cierre de dicho pozo que se encuentra fuera de control y cuyas aguas surgentes impactan ambientalmente el área. Asimismo anunció que este jueves, en el marco de la licitación para la mitigación de los impactos ambientales de pozo E 3, se procederá a la apertura de las ofertas, que serán analizadas por una Comisión Evaluadora.

Con respecto al Yacimiento Caimancito que se encuentra dentro del Parque Nacional Calilegua, la Ministra precisó que el Gobierno, a través de un Decreto que refrendan el Gobernador Gerardo Morales, el Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Juan Abud Robles y la titular de Ambiente, se ha resuelto confirmar el fin de la concesión a la empresa JHP y rechazar la propuesta de cierre sustentable presentada por la empresa Petro A.P., actual concesionaria del área. Por ello, se ha otorgado un plazo de  120 días para resolver de manera definitiva si se aprobará o rechazará el nuevo plan que en 90  días deberá presentar la empresa y que deberá adecuarse a las disposiciones legales vigentes.

Cabe recordar que en diciembre de 2015 la Legislatura de la provincia aprobó, por inactiva del Poder Ejecutivo, la Ley 5.889 que dispuso el cese de la explotación de hidrocarburos en el Yacimiento Caimancito inserto dentro del Parque Nacional Calilegua. Como derivación de esa ley el Ejecutivo emitió el Decreto N° 683, por el cual se constituyó un comité técnico integrado por Nación y Provincia que sesionó durante 2016 analizando diversas alternativas. También en 2016 se realizó una auditoria ambiental, impulsada por el Ministerio de Ambiente de la Nación y que llevó a cabo una consultora. Los resultados de ese trabajo fueron elevados en noviembre de 2016 y sus recomendaciones han nutrido muchas decisiones adoptadas en el marco de todo el proceso que se lleva adelante.

LAS ACCIONES JUDICIALES

La Secretaria de Calidad Ambiental, Fernanda Yapur, precisó las características de la demanda por daño ambiental colectivo que se tramitará en la justicia federal, a raíz de los impactos de pozo E3: “Mediante la demanda le pedimos al juez que exija a los responsables que tomen las medidas para poder abandonar el pozo de acuerdo a la normativa vigente”.

“Del pozo fluyen aguas a una temperatura de 80 grados con alto contenidos de sales, emanación de gases, con vestigios de hidrocarburos y cobre. Estas aguas se unen al arroyo Yuto, atraviesan el parque Calilegua y desembocan en el río San Francisco, afluente del Bermejo, por lo tanto se están contaminado cuencas hídricas importantísimas de nuestro país”, resaltó Yapur.

Pero además con el objeto de solucionar el problema, el Ejecutivo llamó a licitación para realizar obras que mitiguen el impacto ambiental ocasionados por el Pozo E-3, dichos sobres serán abiertos el 3 de agosto.

Explotación en el Parque Nacional Calilegua

El Yacimiento Caimancito, el cual se encuentra ubicado dentro del Parque Nacional Calilegua, actualmente es operado por PETRO AP y cuenta con 12 pozos en producción, 3 pozos inyectores y 20 pozos inactivos, de manera que “son 35 pozos por remediar más toda la zona de baterías y todos los ductos que están ubicados en el yacimiento”.

El secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia, Miguel Soler, detalló que “el proceso de abandono definitivo, cese de explotación y remediación de todas las áreas del yacimiento Caimancito, no va a ser un proceso sencillo y corto, sino que es un proceso necesariamente largo, porque lo que se va a buscar es que el impacto ambiental sobre el Parque sea el mínimo y que todo proceso de abandono se haga mediante la legislación vigente y nos garantice que todos los trabajos sean bien hechos para evitar problemas posteriores”.

Puso de relieve Soler, que su "Secretaría a través de la Resolución 22 r- en función de las observaciones realizadas por la Administración de Parques nacionales  a las que suscribió el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación- rechazó el plan de abandono de pozos presentado  por la empresa PETRO AP y solicitó a la concesionaria que presente en un plazo de 90 días  un plan ejecutivo para el abandono definitivo de todas las actividades en el yacimiento”, agregó.

Ese plan deberá tomar en cuenta las siguientes premisas: garantizar el cierre técnico y abandono definitivo de la totalidad de los pozos, de acuerdo a la normativa hidrocarburífera vigente; y la remediación total de todas las instalaciones complementarias; además no se permitirán nuevas perforaciones de exploración y explotación hidrocarburíferas, mientras dure el proceso de cierre y remediación. También la empresa deberá acreditar el seguro de caución y el seguro ambiental e incluir un Plan de Responsabilidad Social Empresaria.

La resolución de minería fue  aprobada por el Poder Ejecutivo a través del Decreto que dispuso los 120 días de plazo para establecer una definición al respecto.