Argumentaron que la CIDH "expone a las víctimas a una situación de vulnerabilidad absoluta", puesto que "en prisión Sala es un peligro y ahora lo será aún más".

Denunciaron que a una víctima le arrojaron gas pimienta en pleno centro, a otra la amenazaron con un arma blanca en el estómago y otras sufrieron diversos apremios.

Ampliaron sus conceptos, advirtiendo que otorgarle la prisión domiciliaria "es prácticamente concederle la libertad".
"Basta recordar cómo se vivía en Jujuy cuando Sala gobernaba la provincia", apuntaron.

Asimismo, lamentaron la parcialidad con que se desenvolvió la Comisión, recordando que al visitar Jujuy no recibió ni escuchó a las víctimas. Es por ello que hace una semana presentaron una solicitud para que su voz sea atendida orgánicamente.

En otro orden, consideraron que la Justicia tiene que "agilizar las investigaciones y los procesos judiciales", a fin de establecer sin dilaciones la culpabilidad de Sala en los delitos que se le imputan.