En este caso, la comisario Ángela Cabrero, patrocinada por el hijo de Gerardo Morales, Gastón, denunció a la dirigente social por amenazas. La cédula fue entregada a la diputada del Parlasur en la cárcel, a 11 días de seguir el Estado Nacional incumpliendo la medida cautelar dispuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además la citación a audiencias para los días 6, 7, 14 y 15 de septiembre se dispuso mientras quedan pendientes de resolución nulidades presentadas por la defensa. Ni la fecha de juicio ni la resolución del juez Pullen Llermanos que el viernes fue difundida por la prensa fueron aun notificadas a la defensa de la dirigente social, obstruyendo así el derecho a la defensa.

Si bien se supone que la causa que se eleva a juicio no tiene nada que ver con el gobernador, la comisario Ángela Silvina Cabrero, jefa en la seccional 56, es la única querellante y fue patrocinada por los abogados Gastón Morales y Luciano Rivas en 2014, cuando presentó la denuncia en contra de la entonces diputada provincial. Ya asumido el gobierno del contador, el 19 de febrero de 2016, los letrados fueron reemplazados por Eduardo Vergara, representante de Morales en la querella en la causa “de los huevos”.
 
La causa que se eleva a juicio se conoce como “el caso de las bombachas” y se originó en octubre de 2014 cuando la hija de María Molina, integrante de la Tupac Amaru y cercana a Milagro Sala, fue a pasear a una feria y se encontró con un puesto que estaba vendiendo ropa que le habían robado a su madre en su casa. Molina había presentado en agosto de ese año una denuncia por la sustracción de su cartera con las llaves de su domicilio que luego fue robado sin haberse violado la cerradura.
 
La policía se hizo presente a las 21, dos horas después de haber recibido el llamado de una de las partes y detuvieron a la vendedora y a Natalia Vargas, la hija de Maria. A los pocos minutos los oficiales liberaron a la acusada, pero dejaron demorada a Vargas.

Según denunció la comisario en la causa, la dirigente social habría llamado para amenazarlos. Eso es lo que se va a debatir en estas audiencias convocadas para las primeras semanas de septiembre.

Por otra parte la defensa de Sala denunció que en un nuevo acto de arbitrariedad, de un dia para el otro, en fecha cercana a conocerse la resolución de la CIDH, dejaron a Milagro Sala sin la atención psicológica que recibía por parte de Laura Aguirre, designada por el Servicio Penitenciario.

Por otro lado, los abogados de Sala denunciaron que en los días en que se dio a conocer la resolución del organismo internacional, le quitaron a Milagro la atención psicológica sin previo aviso y sin que pueda realizarse un cierre del proceso con la profesional que había designado el Servicio Penitenciario de la Provincia al momento de ingreso de la dirigente al penal. Es la segunda vez que le retiran la atención sin motivos y sin notificarla debidamente.