El primer año del mandato de Javier Milei finalizó con una sensible reducción de la pobreza y la indigencia, de la mano de una sostenida desaceleración de la inflación. La mejora de los indicadores se observó frente al pico que alcanzaron en el primer semestre de 2024 e incluso en el segundo semestre de 2023, antes de que finalice la gestión anterior.

La mejora de los indicadores se reflejó en las cifras del Gran Buenos Aires (GBA), región donde se concentra la mayor cantidad de personas en el país, y en especial en los partidos del conurbano bonaerense. Allí se registran los datos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y los partidos del GBA.

Por otro lado, si bien también hubo una reducción en la cantidad de pobres e indigentes, las provincias del norte son las más afectadas por esta problemática.

En el Gran Buenos Aires, el número total de personas pobres fue de 5.987.424, y entre ellas, 1.382.378 personas se encontraron en la indigencia. Esta región representó más de la mitad del total nacional en términos absolutos. Dentro del GBA, se registraron 5.486.186 personas pobres y 1.311.698 indigentes, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las personas pobres fueron 501.238, con 70.680 en situación de indigencia.

El contraste con las regiones del norte del país fue evidente. En el Noreste argentino (NEA), que comprende provincias como Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, la cantidad de personas pobres fue de 692.222, con 171.608 en la indigencia. En particular, el aglomerado Gran Resistencia (Chaco) mostró uno de los peores indicadores del país, con 259.067 personas pobres (el 60,8% de su población urbana) y 95.358 personas indigentes (22,4%).

En el Noroeste (NOA), que incluye a provincias como Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, el total de personas pobres fue de 1.217.847, con 231.723 personas indigentes. En la provincia de Jujuy, la pobreza alcanzó el 40% de la población urbana (144.631 personas) y la indigencia al 9,8% (35.477 personas). En La Rioja y Santiago del Estero, el total de personas pobres fue de 1.217.847, con 231.723 personas indigentes. En Salta, la pobreza alcanzó al 45% de la población urbana (275.323 personas) y la indigencia al 7,7% (47.284 personas). En Santiago del Estero-La Banda, hubo 203.270 personas pobres (48,6%) y 46.392 personas indigentes (11,1%).

En la región Pampeana, donde se concentra gran parte de la población nacional, 2.278.753 personas fueron pobres (35,6%) y 495.403 indigentes (7,7%). Dentro de esta región, Concordia lideró los registros: 96.452 personas pobres (57,1%) y 33.752 indigentes (13,9%). Le siguió Gran Santa Fe, con 239.765 personas pobres (43,4%) y 69.159 indigentes (7,9%), y San Nicolás-Villa Constitución, con 94.123 personas pobres (45,4%) y 43.535 indigentes (11,5%).

En Cuyo, hubo 782.442 personas pobres (41,9%) y 120.477 indigentes (6,5%). En Gran Mendoza, se registraron 446.995 personas pobres y 70.586 personas indigentes, mientras que en Gran San Juan hubo 235.664 personas pobres y 39.182 personas indigentes.

Limitaciones metodológicas que distorsionan la realidad

El Gobierno emitió un comunicado oficial celebrando la marcada baja en los índices de pobreza e indigencia registrados durante el segundo semestre de 2024, atribuyéndola a las reformas económicas impulsadas por la actual gestión, a la estabilidad macroeconómica, a la eliminación de restricciones y a la lucha contra la inflación, e insiste en que se trata de “un proceso real de baja de la pobreza” que marca un punto de quiebre respecto de las políticas previas.

Sin embargo, diversos especialistas y organizaciones sociales cuestionan la veracidad de estos datos y su interpretación triunfalista, y sostienen que estos números no reflejan completamente la situación económica real de la población.

Según Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), la mejora estadística que celebra el gobierno de Milei está lejos de reflejar un aumento genuino en el poder adquisitivo o la calidad del empleo. Más bien, se debe a un desfasaje metodológico que impide capturar adecuadamente el impacto del aumento de las tarifas de servicios básicos sobre la canasta básica (CBT), que se utiliza como referencia para medir la pobreza.

La CBT vigente se basa en patrones de consumo de 2005, obviando los cambios significativos en la estructura de gastos de las familias, especialmente en un contexto de fuerte incremento tarifario.

Gonzalo Assusa, investigador del Conicet, también pone en duda que la reducción de la pobreza se traduzca en una mejora real para la población. Señala que el descenso estadístico se debe principalmente a un incremento del pluriempleo y no a trabajos mejor remunerados. “Las familias están poniendo un sobreesfuerzo para suplir la pérdida de ingresos”, explica Assusa, advirtiendo que muchos de esos nuevos ingresos provienen de empleos precarios, sin derechos laborales básicos como vacaciones pagas, jubilaciones o acceso a salud. Además, sectores vinculados a servicios esenciales y trabajo público continúan siendo los más perjudicados, mientras que sólo se ven mejoras en rubros vinculados a las finanzas e inmuebles.

Otro punto crítico señalado por Salvia se refiere a la base de comparación elegida por el Gobierno para destacar la supuesta mejora. Los datos del segundo semestre de 2024 se contrastan con los del mismo período de 2023, que estuvo marcado por un pico inflacionario debido a la devaluación aplicada por el gobierno de Milei y la liberalización de precios. Al omitir estos factores, se presenta una baja en la pobreza que en realidad es menos significativa si se considera la estabilidad macroeconómica reciente como un mero efecto rebote.

Más allá de las cifras puntuales, Salvia advierte que la pobreza estructural en la Argentina continúa siendo alarmante. Este tipo de pobreza no se mide únicamente por ingresos sino también por carencias en educación, salud, vivienda, seguridad y alimentación. Según el investigador, aproximadamente un tercio de la población se encuentra en esta situación. La mejora de corto plazo en los indicadores oficiales no logra ocultar que las condiciones estructurales que perpetúan la pobreza siguen intactas. Para revertir esta realidad se requiere un compromiso sostenido de inversión en infraestructura social y políticas públicas inclusivas, que hoy están lejos de ser una prioridad.

Aquí el informe completo: