La nueva normativa derogó el Decreto de Necesidad y Urgencia N°805/21 del 17 de noviembre de 2021, que prorrogó por última vez la Ley 26.160, sancionada y promulgada en noviembre de 2006 y declaraba la emergencia territorial indígena.

La medida que fue anunciada a través del Decreto 1083/2024 y publicado en el Boletín Oficial bajo la firma del presidente Javier Milei y todo su Gabinete, entró en vigencia desde el pasado miércoles 11 de diciembre.

El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) publicó un comunicado en el que afirmaron que derogar la emergencia territorial indígena es "una medida muy preocupante" y "amenaza con agravar aún más distintos conflictos que se desarrollan en todo el país, en franca violación de los derechos de los pueblos originarios".

Por otra parte, desde la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) exhortaron al Congreso a "dictar en forma urgente una ley que proteja la posesión y propiedad comunitaria que es el espacio vital imprescindible para la subsistencia y desarrollo de los Pueblos Indígenas".

Aquí el comunicado completo:

Retroceso histórico: Derechos indígenas en peligro

El gobierno nacional puso fin a la protección que la Ley 26.160 y sus prórrogas establecían en favor de la posesión y la propiedad comunitaria indígena al declarar finalizada la emergencia territorial. Esta medida es muy preocupante y amenaza con agravar aún más distintos conflictos que se desarrollan en todo el país, en franca violación de los derechos de estos pueblos.

Es importante señalar que la Ley 26.160 era la única norma sobre políticas públicas en Argentina que tendía al reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas. El Congreso nunca cumplió con el mandato constitucional de dictar leyes que instrumenten la propiedad comunitaria indígena, ni la consulta y participación indígenas, entre otros derechos colectivos fundamentales.

En este contexto de demora legislativa, la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 805/2021 que extendía la vigencia de la Ley 26.160, es una pésima señal que se suma a otras medidas tomadas por el actual gobierno, tal como hemos manifestado en pronunciamientos anteriores.

Desde la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) exhortamos al Congreso a dictar en forma urgente una ley que proteja la posesión y propiedad comunitaria que es el espacio vital imprescindible para la subsistencia y desarrollo de los Pueblos Indígenas y a los jueces y juezas de todo el país, que tengan presente la vigencia del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de los que la Nación es parte, especialmente el Convenio 169 de la OIT.

A treinta años del reconocimiento de los Pueblos Indígenas en la Constitución Nacional, no hay espacio para el desconocimiento ni el retroceso en materia de derechos colectivos indígenas.