Dos jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), el organismo que tiene sede en Costa Rica y es la máxima autoridad del continente en derechos humanos, participaron este viernes de una asamblea de caciques cerca de Santa Victoria Este, 500 km al noreste de Salta.

Hasta esas profundidades viajaron Patricio Pazmiño Freire de Ecuador y Humberto Sierra Porto de Colombia para escuchar a los indígenas y recorrer parte, una muy pequeña parte, de las 400 mil hectáreas que reclaman en un título único y territorio indiviso.

Los jueces tienen que verificar las denuncias que las comunidades presentaron en el juicio contra el Estado argentino: tala ilegal, falta de demarcación, no se retiraron los alambrados de los criollos y, por sobre todo, los no avances en el título único del territorio a nombre de las 92 comunidades habitantes.

Aunque la mayoría de los argentinos (y los medios de comunicación que son los que informan o desinforman) lo ignoren en el norte del país, en un punto fronterizo tripartito con Bolivia y Paraguay, se desarrolla el litigio por tierras indígenas más grande de todo el continente. Así lo aseguró a esta cronista un exintegrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Alvarez Icaza durante una de las tres visitas que ese cuerpo realizó al Pilcomayo en los últimos 15 años.

Es que estamos hablando de un reclamo que ya lleva décadas y lo que está en disputa no es sólo territorio en el chaco salteño sino una forma de vida, “la costumbre” como afirma Francisco Pérez, el Coordinador General de la Asociación Lhaka Honhat (nuestra tierra en el idioma de los wichí). Lhaka Honhat es la actora que inició el reclamo en 1984 y que, tras escalar todas las instancias administrativas y judiciales se convirtió en un juicio contra la Argentina. El país, el Estado nacional, está acusado de violar los derechos de los pueblos indígenas -chulupí, qom, chorote, wichí- que viven en los ex lotes fiscales 55 y 14 del departamento Rivadavia.

En concreto la visita de los jueces es “una medida de prueba que solicitamos el Cels (los abogados patrocinantes de los indígenas) y Lhaka Honhat durante la audiencia de marzo pasado en Costa Rica” detalló a Infonews Gabriela Kletzel directora del Equipo de Trabajo Internacional del Cels.

“La presencia de los jueces es un hecho histórico. Es la primera vez que miembros del más alto tribunal regional en materia de derechos humanos realizan una visita a terreno en la Argentina. Van a observar en directo la situación, participar en la asamblea de caciques y corroborar cómo afecta el ganado de los criollos, la tala ilegal y los alambrados en la forma de vida tradicional” de las comunidades, amplió Kletzel.

En la página oficial de la Corte está publicada la evolución del reclamo. En uno de sus párrafos señala: “El caso se relaciona también con el presunto desconocimiento de los derechos a la propiedad, al acceso a la información y al derecho a participar en los asuntos susceptibles de afectarles, todo ello en perjuicio de las comunidades indígenas, al haber llevado a cabo obras públicas y otorgado concesiones para la exploración de hidrocarburos en el territorio ancestral sin satisfacer los requisitos de adelantar procesos de expropiación; no amenazar la subsistencia de las comunidades indígenas; realizar consultas previas, libres e informadas, así como estudios de impacto social y ambiental y garantizar la participación de las comunidades indígenas en los beneficios derivados de las concesiones otorgadas”.

Esta discusión involucra a las familias criollas con las que los indígenas llegaron a acuerdos que también los beneficia porque en el camino lograron que de las 643 mil hectáreas del reclamo original, 243 mil quedaran para ellos y 400 mil para las 92 comunidades indígenas. Muchas familias deben ser desplazadas a otras zonas -algunas permanecerán en los lugares que ocupan- pero para eso el Estado debe invertir en obras de todo tipo para garantizar su subsistencia económica. algo que todavía no se concretó o se avanzó mínimamente.

Volviendo al proceso judicial, los jueces visitarán la zona, hablarán con los caciques que litigan pero escucharán también a otros indígenas y a criollos que les dejará un panorama real. El siguiente paso es que el 3 de junio próximo, tanto los demandantes como el demandado presentarán escritos ante la CoIDH, la que tendrá el camino abierto para emitir un fallo que, todo indica, obligará al Estado a respetar los derechos de los pueblos indígenas del Pilcomayo. A la vez, funcionará como un fuerte antecedente para los innumerables reclamos de otros pueblos ante la justicia argentina que de a poco va dando el lugar que merece al artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.