La Cámara Federal porteña dispuso hoy la excarcelación de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa en el marco de dos causas vinculadas al caso de los cuadernos y encomendó al juez Claudio Bonadio que les fije el monto de la fianza que deberán cubrir para recuperar su libertad, que finalmente fue dispuesta en 60 millones de dólares.

La decisión alcanzada por los camaristas de la Sala I del tribunal de apelaciones, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, se basa en que a esta altura de la investigación y con la parte central del caso de los cuadernos elevada a juicio, ya no puede justificarse la necesidad de mantener a los imputados privados de su libertad.

Los jueces destacaron en los fallos -a los que accedió Télam- que Carlos Stornelli, fiscal de las causas por las que los empresarios se encontraban bajo prisión preventiva, había opinado "a favor de la concesión del beneficio peticionado".

Poco después, Bonadio fijó una caución de 60 millones de pesos para cada uno de los empresarios, antes de dejarlos en libertad. Ahora, López y De Sousa deben cubrir ese número y se espera que su libertad se concrete entre el sábado y el lunes.

En uno de los cuatro fallos que emitieron en el mismo sentido, los camaristas sostuvieron que "la prueba que ha llevado a la adopción de este temperamento ya se encuentra producida y por lo tanto asegurada, no advirtiéndose la necesidad -al menos inmediata- de producción de otras medidas distintas a las que ya se encuentran resguardadas".

López y De Sousa estaban bajo prisión preventiva en el marco de expedientes vinculados a la causa de los cuadernos, tanto en una por presunto lavado de dinero en la compra de inmuebles a la ex presidenta Cristina Kirchner como en otra por cartelización de la obra pública, en la que fueron investigados más de 100 empresarios.

El 19 de septiembre a los dos empresarios se les había concedido la excarcelación en la causa Oil Combustibles, en la que están acusados de desviar a otras actividades de sus compañías el impuesto a los carburantes en lugar de derivarlos al fisco, por un monto original de 8.000 millones de pesos.

La medida fue adoptada a partir de una petición de los abogados Fabián Lértora (de López) y Carlos Beraldi (de De Sousa), en base a un fallo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien sobreseyó a los dos imputados en un expediente donde se buscaba determinar si habían transferido acciones de sus empresas del Grupo Indalo cuando estaban inhibidos para hacerlo.