La protesta que se inició ayer se encuentran en peligro de desalojo desde esta madrugada, "No queremos ir por la fuerza porque hay gente mayor" aseguró esta mañana una integrante del CPI (Concejo Pueblos Indígenas) mientras atrás se encontraba una formación de infantería.

Las comunidades aseguraban que realizan la medida  por temor a una mayor contaminación, "Tenemos que luchar por nuestros hijos, por nuestra hacienda, ese mineral les lastima, estamos por nuestros derechos de medio ambiente" (...) "La comunidad agotó distintas vías de diálogo dando parte a los funcionarios de la provincia no teniendo respuesta alguna más bien envían a una CPI, Verónica, a intimidar a la comunidad Río Grande de Coranzulí que habrá una orden de desalojo por disposición del gobernador", denunciaron y alertaron que la medida de fuerza que comenzaron el día de ayer se encuentra el peligro de desalojo.

"En mi pueblo tenemos una minera que no cumple con el impacto ambiental, somos engañados y contaminados" aseguró Aurora Choque, integrante de la Comunidad. La empresa minera Marcilese dedicada a la explotación de borato en el Yacimiento Minero de Loma Blanca ubicada en el Departamento de Susques, incumple con los estudios de impacto ambiental.

La comunidad relata que en septiembre de este año fueron firmados por personas no identificadas sin realizar el consentimiento de las comunidades afectadas y sin evaluar la contaminación sobre el rio y animales.

También alertaron que en el pueblo de Abra Pampa, en donde tiene acceso que lleva a Susques, se encuentran apostados numerosos policías y que se perdió comunicación con el corte donde no hay señal.

Asimismo, la presencia de esta funcionaria (CPI) recuerda a la represión en Purmamarca el 17 de junio de año pasado durante el Jujeñazo. En donde antes de iniciar el ataque sobre la primera línea indígena, se presentaron funcionarios que aprobaron la reforma de forma provocativa.

En simultáneo, y en la cercana comunidad de Santuario de Tres Pozos, los pobladores rechazaron la campaña dermatológica financiada por empresas litiferas, sin el consentimiento de las comunidades y sin informar previamente ya que las comunidades se enteraron por la circulación de un flyer. "Rechazamos la presencia de la campaña dermatológica camuflada para obtener licencia social cuando le corresponde a la misma provincia hacerse responsable de la salud pública de todo habitante y no con financiamiento de empresas".

Fuente: ANRed | Por Johana Arce ANRed / Sisas.