Las protestasresurgieron en Chilecon nuevos ataques al transporte público y saqueos a comercios que se extendieron desde el lunes a la noche hasta la madrugada de este martes, dejando 283 detenidos y 76 policías heridos, de acuerdo al reporte oficial.

Convocados a manifestarse en contra del gobierno de derecha de Sebastián Piñera el primer lunes de marzo, cuando arrancó la mayoría de las actividades productivas del país tras las vacaciones, miles de manifestantes se reunieron por la tarde en la céntrica plaza Italia de Santiago, donde se produjeron violentos enfrentamientos con la policía.

En el festival de Viña del Mar se prohibieron las pancartas, pero un asistente se las ingenió para mostrar su rechazo a Piñera.

"La ciudad funcionó, las personas pudieron desarrollar sus actividades, pero en la tarde y en la noche hubo violencia pura y dura. Son hechos de violencia que no tienen que ver con las demandas sociales de las protestas", dijo la mañana de este martes el ministro del Interior y Seguridad, Gonzalo Blumel.

Un manifestante fue atropellado por un carro de la policía "debido a la gran cantidad de objetos contundentes y bombas molotov que fueron tirados al parabrisas" del vehículo, justificó el capitán de Carabineros, Juan Chevy.

Los enfrentamientos se trasladaron a varias zonas de la periferia de la capital de Chile, donde se levantaron barricadas y hubo saqueos a comercios. Cerca de las 22:00 hora local, el sistema público de transporte fue suspendido por seguridad y se volvió a poner en funcionamiento recién en la madrugada.

El tren metropolitano cerró también por seguridad 15 estaciones, reabiertas la mañana de este martes, cuando las principales vías de Santiago lucían aún los rastros de los disturbios, con semáforos en el suelo y restos humeantes de barricadas.

El ministro Blumel explicó que el gobierno tomó medidas para enfrentar nuevas protestas: aumentó en un 50% la dotación de policías y se asesoraron en el manejo del orden público con autoridades de Reino Unido y Alemania.

Las protestas en Chile, que estallaron el 18 de octubre contra el alza de las tarifas del subte de Santiago, se convirtieron rápidamente en un reclamo generalizado a favor de profundas reformas sociales y en contra del gobierno de Sebastián Piñera, en un país que registra altos niveles de desigualdad.

Después de dos meses de semanas de máxima tensión y represión en las calles, la violencia bajó en enero y febrero -cuando la mayoría de los chilenos se toma vacaciones-, pero con la amenaza latente de que volvería a retomar con fuerza en marzo. De hecho, el propio Sebastián Piñera había advertido sobre ello.

En Twitter circula un nutrido calendario de protestas para casi todos los días de este mes, con llamados de organizaciones de mujeres a una gran marcha para este domingo y una huelga feminista el lunes, junto a convocatorias de grupos indígenas, ambientalistas, agrupaciones sindícales y de estudiantiles.

Todos buscan presionar al gobierno para ampliar la agenda de reformas sociales propuesta para enfrentar esta inédita crisis social que remeció a Chile, un país considerado hasta hace poco uno de los más estables de América Latina.

Una de las salidas delineadas por Sebastián Piñera para enfrentar la crisis es el plebiscito programado para el próximo 26 de abril, en el que los chilenos decidirán si cambian o no la Constitución política que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).