Tras autorizar una suba del 4% en los combustibles, la administración de Mauricio Macri cerró de palabra un nuevo acuerdo con las petroleras y refinadoras que deja prácticamente desdibujado el congelamiento de precios por 90 días que se había anunciado a mediados de agosto.

Con el fin de descomprimir los reclamos de las empresas del sector y no agrandar la brecha abierta entre lo que cobraban en dólares antes de las elecciones primarias y los valores actuales, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, habría acordado con las petroleras “reperfilar” los alcances del congelamiento con un nuevo esquema que incluiría dos cambios clave. Por un lado, la aprobación oficial para trasladar a los precios de las estaciones de servicio las variaciones que arrojen los índices inflacionarios de septiembre y octubre. Y por otro lado, la extensión hasta el 12 de diciembre del actual marco legal impuesto por el decreto 566/19 que vence a mediados de noviembre para que sea el próximo gobierno el que le ponga fin al “congelamiento” y fije las nuevas reglas de juego para la definición de los precios de los combustibles.

Luego de haber permitido un ajuste del 4% en línea con la inflación de agosto, el compromiso que habría asumido Lopetegui con las petroleras y refinadoras es repetir esa medida en los próximos dos meses.

Para octubre, el aumento que registrarían las naftas y gasoil en los surtidores -en función de las estimaciones inflacionarias que manejan las principales consultoras privadas- oscilaría entre el 6 y 6,5%. En este caso, y para no sumar un nuevo factor negativo a la campaña del oficialismo, la vía libre oficial para actualizar los precios de los combustibles se conocería en los últimos días hábiles del mes. En tanto, para la remarcación destinada a reflejar la inflación de octubre, se espera que la autorización de Energía salga a la luz después del 20 de noviembre.

Si se mantiene este esquema, la próxima administración que asuma en diciembre deberá afrontar el costo político de reconocer el desequilibrio que reclaman las petroleras o imponerles una nueva estructura de precios que impactará en el mantenimiento de las fuentes laborales, el abastecimiento del mercado y las inversiones pendientes para el desarrollo de Vaca Muerta.

Al igual que muchas medidas y programas que lanzó el gobierno macrista en los últimos meses, el “congelamiento de los precios del crudo y los combustibles” implementado hace más de un mes para morigerar los efectos de la devaluación y la crisis económica quedó seriamente golpeado en su línea de flotación a los pocos días de vida.

La primera rajadura sobrevino con la aclaración de que no quedaban en el freezer los precios del JP1 para los aviones, el combustible para los buques, los asfaltos y los lubricantes, que representan el 20% del volumen de negocios de las refinadoras.

La segunda avería apareció el 2 de setiembre, cuando las autoridades de Energía decidieron liberar los precios del gasoil para el canal mayorista que abastece a los productores agropecuarios, las empresas de camiones y las compañías de ómnibus.

En tanto, la tercera alteración se registró en la última semana, con la resolución 557 que habilitó subas del 4% para las estaciones de servicios, 5,5% para el crudo y del 6% para los biocombustibles.

La contracara de estos ajustes con los que el Gobierno busca contener transitoriamente la presión de las petroleras se da con los transportistas de cargas y de pasajeros, que vienen elevando el tono de sus reclamos por los crecientes problemas de abastecimiento y los fuertes aumentos en el gasoil que tienen que afrontar en el interior del país.

Tanto los dueños de los camiones como las empresas de ómnibus denunciaron que, tras la liberalización a nivel mayorista, las petroleras procedieron a aplicar aumentos del 15% al 25% en los precios del gasoil. Eso derivó en una situación atípica porque en muchos lugares el precio mayorista está entre 5% y 10% más caro que el valor que cobran las estaciones de servicios al público minorista.

Destacaron, además, que las petroleras han recortado las entregas tanto a los proveedores mayoristas como a los expendedores minoristas, a los cuales les fijan cupos de suministros según sus promedios trimestrales.

Tras reclamar la urgente intervención del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, las cuatro entidades representativas de las empresas de ómnibus de larga distancia (AAETA, CELADI, CEAP y CATAP) advirtieron que, si el Gobierno no compensa los mayores costos por las subas del gasoil, a partir de octubre comenzarán con reducciones de servicios y suspensión de personal.