La medida cautelar que este martes dispuso la Corte Suprema Nacional para frenar el recorte de coparticipación tras el pedido de 15 gobernadores opositores por la quita de recursos derivada de las medidas post PASO de Mauricio Macri, pone presión ahora a los nueve distritos que no se tentaron con la escalda judicial. Incluso las propias jurisdicciones administradas por Cambiemos buscan la forma de no resignar fondos luego del golpe que le asestó el máximo tribunal a la Casa Rosada, que obliga a Nación a financiar con recursos propios las rebajas en IVA e Impuesto a las Ganancias.

Quedaron afuera de los tribunales los cinco distritos Cambiemos (CABA, Buenos Aires, Mendoza, Jujuy y Corrientes), dos peronistas (Córdoba y Chaco) y dos de sellos provinciales (Neuquén y Río Negro). Ahora, esos gobernadores y sus fiscales de Estado analizan los pasos a seguir. La opción de máxima, presentarse en la Justicia. La de mínima conflictividad, apostar a que Nación amplié el beneficio al resto de las provincias sin llegar a la una puja judicial. La intermedia: un reclamo administrativo.

Horas después de que se conociera la decisión de la Corte, el fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires comenzó a trazar los primeros argumentos para plantear, primero por la vía administrativa, el reclamo a la Casa Rosada por la retracción de fondos. El segundo paso, con luz verde asegurada tras el fallo de los jueces supremos, sería presentar un amparo idéntico al de Entre Ríos planteando la inconstitucionalidad de los decretos. El esquema de María Eugenia Vidal sería copiar el texto entrerriano porque la Corte aceptó el pedido de la cautelar de ese distrito gobernado por el peronista Gustavo Bordet y luego lo hizo extensivo a las otras catorce provincias que presentaron reclamos similares.

Según los cálculos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nación debería devolver unos 34.000 millones de pesos. Sin embargo, el máximo tribunal no se refirió a la cuestión de fondo: la inconstitucionalidad de los decretos de Macri.

En el caso bonaerense, Vidal debe apurar la decisión, ya que la oposición la aprieta y amenaza con una denuncia por no defender los intereses de la provincia. Pero lo cierto es que todos los distritos que quedaron afuera se ven obligados a sumarse a la queja.

En Mendoza, gobernada por el radical Alfredo Cornejo (aliado crítico de Macri), el Fiscal de Estado Fernando Simón solicitó al Ejecutivo que le informe los perjuicios de los decretos de Macri sobre las cuentas provinciales. A diferencias de sus pares de otras latitudes, Simón fue nombrado por el peronista Francisco Pérez, quien dejó el gobierno en 2015. De todos modos, las cartas enviadas por el fiscal de Estado pueden abrir la puerta al reclamo mendocino a Nación. “Quizás el Gobierno haga extensiva la medida a todas las provincias y no haga falta realizar el reclamo, pero ante el fallo de ayer alguna acción tenemos que realizar”, dijeron a Ámbito Financiero desde el distrito cuyano.

En otra provincia que no integró el lote judicial, la respuesta fue casi calcada: “El fallo genera jurisprudencia y se presente o no el Gobierno nacional debe reconocer a todos”, manifestaron, con lo cual creen que el reclamo “no será necesario”. Otra provincia dijo estar a la “espera de cómo reacciona Nación”. “Queremos primero ver si hay una compensación, vamos darle unos días, si hay un gesto. Sino iríamos a la Corte”, señalaron. Vale destacar que entre las nueve provincias en esa situación, Neuquén y Río Negro sí presentaron amparos por el congelamiento del precio del petróleo, medida que impactó más que IVA o Ganancias.

Asimismo, según reveló La Voz del Interior, el gobierno del peronista Juan Schiaretti transita los mismos andariveles. “Nos parece que este fallo debe ser extensivo a todas las jurisdicciones como ocurrió con la devolución del 15 por ciento de la coparticipación, que reclamaron Córdoba, San Luis y Santa Fe”, dijo un funcionario provincial a ese medio local.


Fallo político

El ministerio del Interior Rogelio Frigerio fue el portavoz nacional: “La decisión de la Corte es una medida cautelar, no va al fondo de la cuestión, es un poco imprecisa, con lo cual no sabemos de qué montos estamos hablando. IVA y Ganancias son impuestos que se comparten con las provincias, es decir, que se coparticipan. Son impuestos que cuando se reducen benefician a los argentinos que viven precisamente en esas provincias”, dijo. “Si a alguna provincia la afectara de manera tal que no pudiera hacer frente a sus obligaciones indelegables, nosotros íbamos a estar, como estuvimos siempre, tratando de ayudar para que cumplan con sus compromisos”, agregó Frigerio.

“¿Sobre qué calculamos el monto a devolver a las provincias? ¿Lo calculamos sobre lo que estaba previsto que ingrese en las provincias de acuerdo al Presupuesto? Por otra parte, esta medida puede haber generado un incremento en el consumo y por lo tanto también un impacto positivo en la recaudación. La Corte en los próximos días debería ser un poco más precisa en este punto", manifestó el ministro, quien cuestionó a los jueces por “romper una tradición de no tomar medidas en el contexto de una campaña”.

Desde un distrito Cambiemos, también confiaron que ven un condimento político en el fallo del máximo tribunal. “La demanda por el 15% de coparticipación de San Luis y Santa Fe se inició en 2008 y recién fallaron en 2015. Ahora tardaron un mes y medio”, afirmaron ante este medio.

Fuente: Ámbito.com