{jkhighlight}Uno de los anuncios más importantes que hizo el Gobierno este año en cuanto a los programas sociales, además del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE), es el Programa Acompañar, por el cual pagará un bono destinado a víctimas de violencia de género y contempla un acompañamiento integral de las mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+ que podrán recibirlo{/jkhighlight}.

El bono Acompañar del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) es una ayuda económica equivalente a un salario mínimo, al cual se puede acceder por única vez y se paga durante un plazo de seis meses. Ya está en marcha el sistema de entrevistas a posibles beneficiarias, aunque todavía no comenzó a pagarse. A partir del 1 de diciembre el sueldo básico es de $20.587, pero a partir de marzo aumentará a $21.600.

El Acompañar es compatible con la Asignación Universal por Hijo ( AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), con el ingreso por hijo con discapacidad, el monotributo social y para las trabajadoras de casas particulares, sea cual sea su condición laboral, como “única excepción”, ya que el resto de quienes tienen un trabajo registrado no pueden pedirlo. No podrán acceder al programa las personas que trabajan en relación de dependencia, monotributistas o autónomas, jubiladas, pensionadas, que cobren prestación por desempleo o reciban alguna otra asistencia del Estado por situaciones de violencia.

{jkhighlight}Claudia Perugino, coordinadora del programa, afirmó a un prestigioso medio que el Plan Acompañar ya está “en la etapa de firma de convenios”. Por eso, aún no hay una fecha de comienzo del pago, aunque ya se comenzó a entrevistar a las personas candidatas para cobrarlo, que deben atravesar un proceso de selección. “No puedo dar una fecha porque todavía no empezamos a cargar los casos y no sabemos cuánto se va a demorar”, aclaró la funcionaria{/jkhighlight}.

—¿Cómo se va a implementar el programa?

—Se va a implementar mediante un circuito. Las áreas locales van a acreditar la situación de riesgo mediante una entrevista social; van a ser las encargadas de cargar los datos de la persona en un Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género que crea el MMGyD. A partir de esos datos, se va a cruzar la información con el Anses, que es el otro organismo que interviene, donde se van a corroborar las compatibilidades o incompatibilidades, y ahí se le va a otorgar el alta a la persona.

—¿Cómo sigue la vida de la persona cuando terminan los seis meses del Acompañar? ¿Hay algún programa previsto en el cual se pueda insertar para garantizar su independencia económica?

—El objetivo final del plan es lograr que la persona tenga una vida libre de violencias y pueda orientar su vida a un trabajo registrado, a una vivienda, garantizar el acceso a los derechos. Las respuestas van a depender de cada provincia según cuáles son las iniciativas para abordar estas situaciones. Para el período después de los seis meses hay otros programas, como el Potenciar Trabajo. Estamos trabajando también con el Ministerio de Desarrollo Social para que el pase del Acompañar al Potenciar sea lo más integrado y rápido posible, que pueda tener un pase directo y no se quede sin recibir ayuda económica. El desafío es pensar alguna salida estratégica que tenga que ver con garantizar el acceso a otros derechos para que pueda rehacer su vida con otros paradigmas, de libertad y derechos.

—¿Cuál es la importancia de que el Acompañar sea una política de transferencia directa de dinero y cómo puede ayudar a las personas en situación de violencia de género?

—Nosotras, que trabajamos mucho tiempo en el acompañamiento de personas en situación de violencia de género, tanto mujeres como del universo LGBTIQ+ , sabemos que lo económico es un escollo. Ahora hay un Estado nacional que acompaña económicamente, pero también los estados provinciales tienen el fuerte compromiso de brindar el acompañamiento para que salga de esa situación. El objetivo del programa es que se reduzcan los casos de violencia, los femicidios, los transfemicidios, y que estas personas sepan que tienen un Estado que las acompaña.

—¿Por qué decidieron que la prestación sea equivalente a un salario mínimo? ¿Qué podrá lograr la persona beneficiaria con ese dinero?

—Siempre decimos que cada caso necesita una respuesta individual y estratégica. Es muy difícil que los casos se repitan. El ingreso está destinado a cubrir los gastos esenciales de organización y desarrollo del proyecto de vida autónomo libre de violencias. Quizás sea mudarse, quizás sea viajar a un lugar donde esté su familia y su red, quizás es migrante y está en un lugar donde no conoce a nadie, quizás sea comenzar un microemprendimiento. Tenemos distintas expectativas y distintas respuestas, porque las situaciones varían según la persona: si tiene hijos o no, si está sola, si tiene algún empleo no registrado.

—En el Presupuesto 2021 figura que va a alcanzar a unas 92 mil personas. ¿Cómo surge ese dato?

—Es todo estimativo, porque si una persona ingresa al programa y a los dos meses encuentra un trabajo registrado, se produce la baja del programa, por ejemplo. Casi todo el presupuesto del MMGyD va ser destinado a sostener el Acompañar. Eso es, antes que nada, un compromiso político con las mujeres y las diversidades. Esta primera etapa de implementación nos va a dar un parámetro de cómo es la situación. El registro del sistema integrado de violencia por motivos de género nos va a dar un número de cómo está la situación en el país. La deuda que tenemos con el registro es muy grande.

—¿Por qué la falta de registros es un problema?

—La ley 26.485 plantea en uno de sus artículos la necesidad de tener números sobre esta problemática, porque a partir del número se puede pensar la política pública. No tenemos cifras contundentes a nivel nacional. Hicimos un relevamiento de las áreas de Mujer y Diversidad a nivel nacional y sólo 30% de los distritos las tienen en todo el país. Ese 70% que falta no tiene números. Te enterás de los femicidios por los diarios, algunas veces, los que salen.

—¿En caso de que se supere el número de solicitudes esperadas, se haría una ampliación del presupuesto, teniendo en cuenta que la mayor parte del dinero va a ser destinado a políticas sociales?

—Pasó con el IFE: el Gobierno pensaba que iba a tener determinada cantidad de gente, y al otro mes se dio cuenta de que la cifra se triplicó o cuadruplicó. Superó todas las expectativas. El Presupuesto 2021 es feminista, por primera vez tenemos un presupuesto con perspectiva de género. Yo supongo que si se supera la cantidad de solicitantes el Gobierno accederá, por sensibilidad, a lo que genere la puesta en marcha de este programa y se harán los ajustes necesarios. Todo va tendiendo a que, de una manera u otra, esta situación se pueda normalizar, entonces los ATP con los que el Gobierno están ayudando a pagar los sueldos de las empresas para que no se generen más desempleados, y desde otros programas apunta a contener, como los destinados a la construcción de viviendas, para que las personas que cobran el Potenciar así como las que cobren el Acompañar puedan acceder al empleo registrado y de calidad, y a partir de eso puedan tener una vida autónoma.