Legisladores nacionales del Frente de Todos (FdT) difundieron este jueves, en Jujuy, un proyecto de ley que impulsa la creación, en el ámbito del Congreso de la Nación, de una Comisión Bicameral Especial que investigue los “gravísimos hechos de violencia institucional provocados en el marco de la protesta social por la reforma de la Constitución" de la provincia que impulsó el gobernador Gerardo Morales.

La iniciativa apunta al abordaje integral de lo acontecido a esta reforma desde su convocatoria, tratamiento y aprobación hasta los múltiples hechos y denuncias públicas de manera posterior, según anunció la diputada nacional por Jujuy, Leila Chaher, autora del proyecto.

Chaher se mostró junto a los diputados nacionales Natalia Souto (PBA), Mara Brawer (CABA), Paula Penacca (CABA), Mónica Macha (PBA), Juan Marino (PBA) y Lia Caliva (Salta), y a diputados provinciales de UxP, en el marco de una conferencia de prensa ofrecida en la Legislatura de Jujuy.

“Estamos impulsando la creación de una comisión bicameral especial investigadora de los delitos y abusos a los derechos humanos, desde la aprobación de la reforma de la Constitución hasta ahora”, comentó Chaher sobre la iniciativa, presentada en las últimas horas ante la Cámara de Diputados.

Circulación de camionetas sin patentes

“Queremos que se investiguen las camionetas sin patentes que durante dos o tres días circularon deteniendo gente; las camionetas con patentes que detectamos de empresas privadas al servicio de la Policía de la provincia; los allanamientos a distintas personas que se fueron denunciando; el porqué los efectivos policiales dispararon a los ojos”, enumeró la diputada nacional.

Continuando, destacó que “todo el bloque del FdT” apoya el proyecto y que esperan que “la comisión rápidamente empiece a funcionar en la Cámara, para que los diputados y senadores comiencen a recabar las pruebas pertinentes”.

“Frente a tantos abusos institucionales y desprotección, no tenemos dudas que tiene que ser una herramienta para esclarecer lo ocurrido”, acotó finalmente sobre el funcionamiento de la Comisión.

“La gravedad de los hechos institucionales, la profundidad de las medidas represivas y también los aspectos inconstitucionales de algunas de las reformas, que ya han sido denunciados ante la Corte Suprema de Justicia, creemos necesitan que tengamos una reacción para cuidar la institucionalidad en Jujuy, pero también para cuidar la democracia Argentina”, valoró, por otro lado, la legisladora nacional Paula Penacca.

Apuntó que incluso hay una "obligación" al respecto del Estado argentino, ya que "la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas - Jan Jarab - se expresaron planteando lo importante de que se haga respetar los tratados internacionales y normativas en relación a los derechos humanos y la protesta”.

Pueblos originarios

La legisladora Mónica Macha remarcó como central, en torno a la legitimidad del proceso de reforma, analizar lo referido a la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, con pasos y características que las mismas comunidades están denunciando, a través de los sostenidos cortes de protesta, no se respetó.

En ese sentido, Macha también hizo eco del “coraje y el convencimiento en la defensa que están llevando adelante las comunidades originarias, como guardianes de la tierra y el agua”, pero que tienen miedo por la “brutalidad desencadenada”, en la que se quiere “culpabilizar a las víctimas”.

“Es muy complejo el entramado político y comunicacional que está llevando adelante el gobernador Morales”, completó la legisladora al ponderar la necesidad de investigar sobre el reclamo de las comunidades, y como parte de una “deuda de la democracia con los pueblos originarios”.

Se apuesta a que la Comisión Bicameral investigue si, desde la convocatoria a elecciones constituyentes en Jujuy, se respetaron y garantizaron los derechos y garantías consagradas en la Constitución Nacional, tratados internacionales y leyes nacionales.

Entre varios cuestionamientos, se hace foco en prohibiciones respecto a las manifestaciones, establecidas en el artículo 67° de la reforma constitucional, que “infringen el artículo 14° de la Constitución Nacional y el Código Penal de la Nación”.

También se apunta al accionar de las fuerzas de seguridad a cargo del Gobierno de la provincia, que “no actuaron con estricto apego a los protocolos”; a la violación de derechos humanos a ciudadanos en detenciones; al no cumplimiento de garantías procesales, entre otros.

Fuente: Télam