"La presente ley contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social, con especificación de las bases que habilitan cada materia comprendida y con vigencia" durante el plazo de dos años, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025, pero el mismo puede ser prorrogado por dos años, es decir hasta 2027, lo que abarcaría todo el mandato de Milei.

Entre los puntos principales, el proyecto contempla como sujetas a privatización a un conjunto de empresas públicas, entre ellas la Administración General de Puertos, Aerolíneas Argentinas, AySA, Banco de la Nación, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, Radio y Televisión Argentina, la agencia de noticias Télam e YPF.

Por otra parte, la iniciativa suspende la fórmula de movilidad jubilatoria y establece que se faculte al Poder Ejecutivo "a establecer una fórmula automática de ajuste", teniendo en cuenta "los criterios de equidad y sustentabilidad económica", a la vez que plantea que "hasta que se establezca una fórmula automática, el Poder Ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos".

Además, el proyecto propone derogar el artículo 1ro. de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, de modo de eliminar que las autorizaciones de deuda en moneda extranjera requieran una ley especial del Congreso.

Asimismo, en uno de los últimos artículos, el proyecto propone ratificar el DNU de desregulación del Estado, que generó polémica y rechazos de bloques opositores.

Fuente: Télam