En medio de negociaciones frenéticas para que el articulado de la ley ómnibus sea aprobado y justo cuando las fuerzas federales de seguridad avanzaban en reprimir las protestas fuera del Congreso, el gobierno de Javier Milei circuló esta tarde-noche entre los diputados aliados una versión del texto con modificaciones, entre las cuales se destaca una flexibilización del capítulo de privatizaciones, para lograr el mayor apoyo posible a su plan de vender las empresas del Estado. También hubo una nueva propuesta sobre las facultades delegadas para el Presidente.

Dichas medidas acercaría las posiciones aún más entre La Libertad Avanza y los bloques aliados de la UCR y Hacemos Coalición Federal, que junto con el PRO son la llave que tiene el Gobierno para darle media sanción a la ley Bases. Con estos cambios habría un principio de acuerdo para la votación de la ley en particular (ya estaba descontado el apoyo en general), aunque aún se desconoce la postura final de los aliados y cuándo sería el momento de la votación porque sigue habiendo oradores en el recinto en medio de la tensión callejera en las inmediaciones del Palacio.

La propuesta sobre flexibilizaciones consiste en separar las entidades en distintos grupos, además de recortar el listado original. Cada grupo se dividió en distintos anexos, una estrategia que habían pedidos los radicales y los federales de Miguel Pichetto, lo que habilitaría a los opositores a avalar vender algunas empresas y otras no. También se le da más prerrogativas a una comisión bicameral de privatizaciones.

Según pudo saber un prestigioso medio de una importante fuente radical, la nueva propuesta supondría “otorgar mayor control y transparencia al procedimiento de privatizaciones”. “Estos cambios se han producido a partir de las disidencias presentadas por los bloques, pero no expresan un aval” de la oposición dialoguista, aclararon, sin embargo desde la UCR.

La lista de privatización se achicó a 29 las que pueden ser vendidas de manera total, mientras tres quedan sujetas a privatización parcial. Además de YPF, que ya había sido excluida, fueron retiradas las empresas Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Fabricaciones militares, Radio Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio. Un dato es que fueron retiradas todas las empresas de Córdoba, donde gobierna Martín Llaryora, mandatario cercano a Milei.

En el nuevo texto se mantienen las condiciones de privatización parcial ya anunciadas para los casos del Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, consideradas estratégicas: “Sólo podrán ser privatizadas parcialmente, debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”. Corresponden al grupo de empresas identificadas en el Anexo II.

En otro grupo de empresas a privatizar, detalladas en el Anexo I, quedan la Administración General de Puertos SE, AySA, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Construcción de Viviendas para la Armada Argentina SE, Energía Argentina SA, Intercargo, Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias, Playas Ferroviarias de Buenos Aires, Polo Tecnológico Constituyentes, Talleres Navales Dársena Norte, Nación Bursátil, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro y Nación Servicios.

En el Anexo VIII están todas las empresas que corresponden al transporte: Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Operadora Ferroviaria, Belgrano Cargas, Ferrocarriles Argentinos, Empresa Argentina de Navegación Aérea, Desarrollo del Capital Humano Ferroviario y Corredores Viales. Por último en el Anexo el listado identifica a los medios públicos: Télam, Educ.ar, Contenidos Públicos, y Radio y Televisión Argentina.

También se agregó un artículo que habla de “Principios de gobierno abierto en las privatizaciones”: “Respecto del proceso de privatizaciones, el mismo deberá cumplir con los principios de transparencia, participación, colaboración, máxima publicidad y difusión”. Había sido una exigencia de la Coalición Cívica, de Elisa Carrió.

El otro cambio clave que tiene el borrador que hizo circular el Gobierno es el retiro definitivo del superpoder en materia fiscal para Milei. Así el artículo 3 quedó redactado: “Declárase la emergencia pública en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2024. Dicho plazo podrá ser prorrogado por el Congreso de la Nación por el plazo máximo de UN (1) año”.