“Un llamado al Estado argentino para garantizar la seguridad de todas las personas, especialmente de las personas manifestantes, periodistas y trabajadores de la prensa”. La frase pertenece a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE).

Está dirigida al gobierno de Javier Milei por la brutal agresión desatada por las fuerzas de seguridad durante el debate de la Ley Ómnibus en el Congreso, donde las fuerzas de seguridad a cargo de Patricia Bullrich apaleados, gasearon o gatillaron balas de goma contra más de 35 trabajadores de la comunicación que sólo estaban haciendo sus tareas de prensa. 

“Si de 70 heridos, 35 eran de prensa, quieren decir que el blanco evidentemente éramos nosotros”, evalúa Agustín Lecchi, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que junto al CELS y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) llevaron adelante la presentación para garantizar el desarrollo de las tareas periodísticas. Tanto la CIDH como la relatoría, además, manifestaron “su profunda preocupación ante denuncias recibidas por parte de organizaciones de la sociedad civil”.

La advertencia de estos organismos internacionales llega a raíz del pedido conjunto de Sipreba, ARGRA y CELS para proteger el normal desarrollo de las coberturas. En ese mismo reclamo, el gremio advirtió “al estado argentino que debe cesar en estas conductas, y abstenerse de usar gases lacrimógenos, detenciones arbitrarias y proyectiles no letales como herramientas para menoscabar la libertad de prensa”. 

“También se han recibido denuncias de declaraciones estigmatizantes por parte de altas autoridades descalificando y desacreditando la labor de mujeres periodistas”, remarcan la CIDH y la RELE en el comunicado dirigido al gobierno de Javier Milei.

Contra la represión

El escrito de la Comisión Interamericana, además, recuerda que la protesta “es un elemento esencial en las sociedades democráticas y que el Estado debe respetar, proteger, facilitar y garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica” al tiempo que sostiene que el uso de la fuerza debe ser “un recurso último y excepcional” ante contextos de manifestaciones.

“Un ajuste a todo el pueblo no pasa sin represión y por eso necesitan silenciar a la prensa, como ocurrió durante el debate en el Congreso de la Ley Ómnibus donde buscaron que no se transmita lo que sucedía afuera”, señala Lecchi para poner en perspectiva la política que adopta el gobierno sobre el “control” de la calle, como suele describir el Ejecutivo. 

En esta coyuntura, la Comisión Interamericana y la Relatoría Especial hicieron “un llamado al Estado argentino para garantizar la seguridad de todas las personas, especialmente de las personas manifestantes, periodistas y trabajadores de la prensa”, de modo que se puedan asegurar las condiciones para revisar la labor informativa “sin temor a represalias o violencia de parte de autoridades o particulares”.

A su vez, también pidieron al Estado investigar las distintas denuncias sobre el “uso desproporcionado de la fuerza pública” y  “a sancionar a los agentes de seguridad responsables”, según se desprende del comunicado.