Tal como lo había adelantado Javier Milei, los fondos fiduciarios pasarán a la competencia del Ministerio de Economía. De esta manera, el Gobierno le da a Luis Caputo el poder de auditar lo que se calcula son unos 50 fideicomisos en los que participa el Estado Nacional.

Así, el Palacio de Hacienda tendrá la competencia para ejercer la dirección y conducción de estos fondos. Según supo un prestigioso medio, el decreto será firmado por el Presidente en los próximos días.

Si bien en un principio se pensó que eran alrededor de 30 fideicomisos, finalmente se logró determinar que el universo abarca a un número próximo de 50.

La decisión de auditar estos fideicomisos no representa en sí la confirmación de la existencia de un ilícito sino, a priori, indagar sobre el destino de los recursos. Si bien algunos fondos tienen una estructura compleja que dificulta la tarea de auditado, en otros (como aquellos que corresponden a infraestructura) es más simple determinar si el dinero fue al destino para el que tal fideicomiso fue creado.

En un principio, el gobierno evaluó la posibilidad de eliminar los instrumentos mediante la publicación de una serie de decretos. Sin embargo, allí surgió la primera complicación dado que solamente nueve podrían desaparecer a sola firma del presidente Milei.

La normativa que se publicará en las próximas horas intentará subsanar la difícil tarea de control al colocar al ministerio de Economía como controlante de los fondos. De esta manera, el ministro Luis Caputo seguirá sumando poder dentro del gabinete nacional, luego de que su cartera absorbiera las facultades del área de Infraestructura tras la salida de Guillermo Ferraro.

Cabe recordar que el proyecto de ley Bases, comúnmente conocido como ley ómnibus, adjudicaba a Milei la posibilidad de “transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos". Sin embargo, la normativa no pasó el filtro de la Cámara de Diputados.

Los fondos fiduciarios constituyen instrumentos legales que involucran a tres partes: el fideicomitente, el fiduciario y el beneficiario. En general, tienen un propósito preestablecido.

Habitualmente, los fideicomisos están compuestos por ingresos recibidos por las provincias y sirven como una suerte de presupuesto garantizado por más de una año para asegurar el financiamiento y estabilidad de un programa público determinado. Los presupuestos afectan directamente a los gobernadores y, según datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, representan cerca del 2% del Producto Bruto Interno (PBI) del país.

Entre los distintos fondos o fideicomisos se encuentran Fondo Fiduciario de Infraestructura de Transporte y el de Desarrollo Provincial, Fondo Fiduciario PROCREAR, Fondo PROGRESAR, Fideicomisos vinculados al transporte eléctrico federal, capital social y seguridad aeroportuaria Fondo de Infraestructura Hídrica, Fondo estabilizador del trigo y el Fondo Fiduciario de cobertura de salud.

Recientemente, el gobierno nacional dispuso la disolución por decreto del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el cual el Gobierno de Alberto Fernández dispuso la redistribución de recursos obtenidos a partir de la revisión de los montos otorgados a la Ciudad por el traspaso de la Seguridad.

Además, ordenó modificar la asignación de fondos correspondientes al 30% de lo recaudado por el Impuesto PAIS, afectando principalmente los ingresos del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), la herramienta fiduciaria utilizada por el gobierno anterior para la urbanización de barrios populares.