Mientras el gobierno aspira a conseguir divisas suficientes para levantar el cepo cambiario, una serie de fenómenos naturales y comerciales amenaza con reducir el aporte que el sector agrícola puede realizar en los próximos meses. En concreto la caída será de unos U$S 4500 millones, lo que complicará no sólo la disponibilidad de dólares, sino la actividad interna y también la recaudación fiscal por las retenciones.

La cuestión es delicada para las autoridades, ya que el sector es el principal abastecedor de divisas para la economía local. Según CEC y CIARA, cámaras que nuclean a las cerealeras y aceiteras exportadoras, sus compañías adheridas generan el 48% de los ingresos por exportaciones argentinas. En 2022 aportaron U$S 40.438 millones y en 2023, sequía de por medio, U$S 19.742 millones.

Un reciente informe de la Bolsa de Comercio de Rosario alertó sobre una disminución en el valor agregado bruto (VAB) del agro que "para el año 2024 se proyecta al mes de febrero en U$S 10.453 millones; esto es, U$S 4700 millones por debajo de la proyección del mes de diciembre".

El informe cuantifica la producción esperada de soja, maíz, trigo, girasol, cebada y otros cultivos. La reducción será fuerte en el caso de la soja y del maíz, que se espera que aporten la mitad de la cosecha 21/22 (la previa a la sequía): ambas explicarían el 80% de la caída.

Estos cálculos repercuten en el resultado total de las exportaciones de granos, aceites, harinas y otros productos derivados: la proyección para la campaña 23/24 se redujo a U$S 31.300 millones, unos U$S 4500 millones menos que las expectativas que había a fin de año. "Este ingreso de dólares superará al del año anterior ya que la feroz sequía deja la vara baja, pero suavizamos el resultado: tomando el promedio de los últimos tres años, el valor de las exportaciones previsto para el nuevo ciclo se ubica 18% por debajo", alertaron los especialistas de la BCR, recordando la catástrofe climática del año pasado.

El clima y algo más

El efecto negativo se produce por dos vías. En cuanto a las cantidades, el cambiante clima de las últimas semanas volvió a jugar en contra. Mientras zonas enteras del Chaco y del norte santafesino se vieron afectadas por el calor extremo, en la provincia de Buenos Aires hubo temporales de agua y viento que también arruinaron parte de los cultivos.

En cuanto a los precios, los valores de venta de la soja (el producto de mayor gravitación en la cosecha) bajaron un 22% con relación al año pasado. Así, el coqueteo con la barrera de los 600 dólares por tonelada en enero de 2023 cayó abruptamente hasta el rango actual de 420/440 dólares. Las previsiones de una mayor producción de soja a nivel mundial y una normalización de la provisión de envíos desde Ucrania, a través de los puertos de Rumania y de Turquía, contribuyó a ese descenso en los mercados internacionales.

La situación repercutió en los precios en el mercado local y en la toma de decisiones de los productores. "Desde mediados de diciembre a la fecha, el valor en términos reales de la pizarra en Rosario ha caído, en promedio, un 35%. Soja y maíz, en particular, alcanzan los valores más bajos desde agosto de 2023", dice el informe de la Bolsa rosarina.

Mal bicho

A todo ese panorama se suma la aparición de una plaga: la "chicharrita", como se denomina informalmente al insecto catalogado como "dalbulus maidis". El bichito transmite una bacteria, la spiroplasma kunkeli, que hace que las plantas de maíz tengan menos altura (queden achaparradas, como se dice en el campo) y entreguen menos granos.

Por esa razón, el rinde cayó de unos 80 o 90 quintales por hectárea a menos de 20 quintales. El problema puede hacerse sentir en el segundo semestre, cuando sea el momento de levantar el maíz tardío.

"La campaña estival 2023/24 recuperaría volumen respecto a sus predecesoras con sequía. No obstante, el maíz tardío (84%) se encuentra en jaque debido al impacto del complejo del acaparamiento transmitido por la chicharrita", anticipó un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba.

La cuestión provocó que dos diputados, el radical cordobés Luis Picat y el pampeano Martín Ardohain, del PRO, presentaran un proyecto para que el Ejecutivo declare la emergencia agropecuaria en nueve provincias: Santiago del Estero, Chaco, Catamarca, Tucumán, Salta, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa.