María Teresa Troiano lidió durante 16 años contra un cáncer. En diciembre, su tratamiento se interrumpió porque el Estado no le suministró la medicación. La enfermedad avanzó y desarrolló metástasis en el cerebro. Falleció en la noche de este miércoles, luego de que su familia reclamara por todos los medios que el Ministerio de Salud diera respuestas. Es la cuarta víctima fatal de la que se tenga registro, pero advierten que hay más casos.

“Es tristísimo. Al esposo lo conocí cuando empezamos a reclamar por la falta de tratamientos. Estaba desesperado por su señora. Nos acompañó a todos los programas, hizo de todo por su esposa. Ella venía haciendo el tratamiento hace 16 años, pero en diciembre tuvo que interrumpirlo. La enfermedad avanzó y le agarró el cerebro. Falleció anoche”, lamentó Débora Bosco, de la Fundación Solidaridad Cáncer (Fusoca), una de las organizaciones que acompaña a familias y pacientes que luchan para que se reactive la entrega de medicaciones oncológicas y para enfermedades crónicas por parte de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), que dependía de Capital Humano y fue transferida a Salud.

Antes del caso de María Teresa –con un melanoma en estadio IV- se conocieron por lo menos tres muertes de pacientes que habían sufrido la interrupción en la entrega de su medicación. El primero fue Aldo Javier Pinto, salteño, de 45 años. Luego trascendió el fallecimiento de Camila Giménez, de 25 años, en Córdoba. Bosco, referente de Fusoca, informó también sobre la muerte de Alfredo González: “Falleció hace diez días, venía esperando su tratamiento desde la Dadse. Lo hacía como podía, por donaciones, pero la enfermedad avanzó. Y hay más casos”.

Sin tratamiento, el tumor creció

El mes pasado Eduardo Castaño, esposo de María Teresa, había contado su desesperada situación a El Destape Radio. “Ella está anémica, sin medicación desde el 12 de diciembre cuando tenía que recibirla. Comprarla es para mí imposible. Son Dabrafenib y Trametinib, dos medicaciones que van juntas, es una quimio oral. En el mercado, una vale 11 millones y otra seis. Son 17 mil dólares mensuales. Estaba en el cuarto ciclo, desde 2023, y antes también con otra medicación. Se venía recibiendo de forma regular, dentro de los problemas de acceso y tiempo, pero nunca pasaban más de 40 días desde presentábamos toda la documentación, contábamos con esos tiempos. La Dadse atiende a personas como nosotros, sin medicación, sin nada”, relataba el hombre por entonces.

“Presentamos la documentación como correspondía el 27 de octubre de 2023, para recibir la medicación los primeros días de diciembre. Unos días antes del 10 de diciembre nos dicen que pasemos a buscar por la droguería como lo habíamos hecho en otras oportunidades. Llamo a la droguería y me dicen ‘no, vuelva a llamar a la Dadse, hay un inconveniente’. Me dicen que vaya personalmente a la Dadse y que la droguería había decidido pagar la multa que se paga cuando no se cumple, porque ante los anuncios de liberación de mercado y las nuevas medidas económicas preferían pagar la multa y no entregar la medicación. En la Dadse dijeron que lo iban a volver a poner en presupuesto, para una nueva licitación. A partir de ahí no hubo firma”.

“La Dadse recibe los casos, pero al no haber firma, no hay número de expediente. Uno se va con la ilusión de haber entregado el papel, pero queda ahí como si lo dejasen en un cajón. Es perverso. Y después está toda la parte comunicacional donde confunden a las personas como hace el vocero (Manuel) Adorni diciendo algo distinto a lo que existe”, se indignó Castaño. De hecho, semanas después de aquella declaración, el Ministerio de Salud emitió un comunicado afirmando que “nunca dejó ni dejará de entregar medicamentos oncológicos”. Previamente, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, había justificado el parate de la Dadse por las supuestas irregularidades en las compras por parte de la gestión anterior.

“Un tratamiento oncológico cuando uno lo suspende antes de terminarlo suele volver a foja cero. El tumor creció”, alertó en su momento Castaño sobre la situación de su mujer. Destacó las redes de solidaridad y donación de remedios y no pidió dinero, solo ayuda para difundir. “Pedimos a todas las personas que hablen del tema, lo visibilicen. Porque va a ser difícil de a uno. Se puede ir a la justicia, pero tiene sus tiempos. Y no son los tiempos de la vida”.

Ni justicia

La semana pasada, un hombre que padece colitis ulcerosa y dejó de recibir la medicación que le suministraba el Estado para su tratamiento denunció penalmente al ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, por la presunta comisión de los delitos de “abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal Criminal y Correccional N°2 y se esperaba que se añadieran otros casos.

Pero lo cierto es que el acceso a la Justicia tampoco es una vía segura. Una de las pacientes que más viene reclamando contra la interrupción de medicación por parte de la Dadse, Celeste Quintana, presentó un pedido de amparo para que se le garantice su derecho a acceder al tratamiento de por vida que necesita por su cáncer del sistema linfático. La Justicia le dio la razón, pero el Gobierno apeló.

“La cautelar de mi amparo salió a mi favor, pero el Ministerio de Salud apeló por mi jurisdicción. Dicen que es la Provincia de Buenos Aires la que me tiene que dar la medicación. Aun así, esta apelación es con efecto devolutivo, el juez ordenó que me dieran la medicación. No lo están haciendo”, contó a Tiempo.

“Los pacientes somos básicamente muy solidarios entre nosotros porque sabemos la desesperación de estar solos con algo así. En ALAPA (Alianza Argentina de Pacientes) tenemos más de 400 patologías, entre ellas cáncer. Estamos todos unidos y nos parece una locura total lo que está pasando. Desde el 10 de diciembre dejaron de entregar medicamentos. Fuimos a ver al ministro de Salud, nos mintió. Dijimos ‘hagan toda auditoría que quieran, pero entreguen las drogas’. Dijeron que se iba a regularizar rápido. Empezaron a mentir y entregar a algunas personas para hacer campaña, totalmente siniestro. Y la sensación que tenemos es que esta gente no es confiable en absoluto, no hablan como una institución. Sinceramente, estamos muy preocupados. No sabemos de cuánto es el universo de pacientes que atiende la Dadse. Lo hemos pedido y no nos lo han pasado”, denunció Florencia Braga Menéndez, referente de ALAPA.

Y agregó: “Un paciente no puede estar ocupándose de conseguir abogado. Hoy recibí cinco pedidos de abogados de personas que quieren reclamar sus tratamientos. Lo siniestro es que han logrado instalar la idea de que hay una suerte de moral incita en destrozar derechos humanos. Tenemos grandes convenciones de Derechos Humanos que avalan lo que estamos pidiendo. La Argentina tiene una historia de lucha de Derechos Humanos maravillosa y las convenciones son claras. Esto no es un invento o un capricho. Son conquistas que llevaron décadas y estamos viviendo un retroceso”.