El amparo por la interrupción de entrega de alimentos a los comedores comunitarios de diversas organizaciones sociales por decisión del Ministerio de Capital Humano, dio un paso clave este lunes cuando el juez Walter Lara Correa, que ya había decidido darle trámite, ordenó inscribirlo en el Registro Público de Procesos Colectivos de la Corte Suprema. "Por la trascendencia social del derecho en juego y las especiales características del grupo afectado, vinculado con sectores tradicionalmente postergados, las cuestiones que son objeto de juicio exceden el interés de cada parte y ponen en evidencia la presencia de un fuerte interés estatal para su protección...", escribió en su resolución.

Un día después de la resolución de Correa, la ministra Sandra Pettovello presentó una denuncia penal por supuesto fraude a la administración pública que cuestiona a la gestión anterior con el argumento de que no se controlaba, según su cartera, "a los comedores a los que asistía con mercadería".

El pedido para que con una medida cautelar se restituya la provisión de alimento a los comedores fue impulsado por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Se sumó la defensora oficial que representa los derechos de niños, niñas y adolescentes, Florencia Plazas. Reclamaron que se "garantice el derecho a la alimentación adecuada y a la seguridad alimentaria y nutricional de todas las personas que asisten a comedores y merenderos comunitarios, proporcionando alimentos de calidad, adecuados y en cantidad suficiente en atención a la obligación de progresividad y no regresividad". Esto último significa que frente a derechos básicos y conquistados nunca se puede dar marcha atrás.

El ministerio que dirige Sandra Pettovello, decía la presentación de UTEP y el CELS, "incumple con su obligación de garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de toda la población". Recuerda que hay un Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (RENACOM) y que a los inscriptos se les debe garantizar la alimentación en aplicación de los Planes Nacionales de Seguridad Alimentaria, el Plan Argentina Contra el Hambre y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que provee fondos a través del Proyecto Abordaje Comunitario para alimentación. "En el país existen más de 40.427 Espacios Socio Comunitarios conformados por comedores y merenderos que reciben a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores para garantizarles un plato de comida al día además de ser un espacio de contención y asistencia", decía el reclamo, que el juez Lara Correa analizará.

Contraataque

Tras la resolución de Lara Correa, la ministra Sandra Pettovello contraatacó a las organizaciones sociales al presentar su denuncia donde dice que hubo falta de control, pero advierte que ahora tampoco pueden "inspeccionar debidamente los beneficios que se otorgaron y si los comedores beneficiaros de las mismas fueron correctamente seleccionados...". Lo que dicen es que solo pudieron relevar la mitad y al resto no los encuentran.

"Que Pettovello diga cuándo fueron a ver los comedores, si fueron en este tiempo, no había alimentos, por ende algunos cerraron o no atienden todos los días. Sabemos que fueron a ver algunos Hay un tema con el RENACOM que es que cuando los comedores cambian de dirección, lo que puede ocurrir, no queda registro. No conozco a nadie que haya anotado la dirección de un country. Ella está construyendo el otro relato, dado que el amparo y la denuncia penal avanzan", dijo a este diario Nicolás Caropresi, referente nacional del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). 

El gobierno de Milei está subido a una clara ofensiva que busca desgastar a los movimientos sociales y toda expresión de posible protesta ante el ajuste. Lo hace con diversas estrategias. La represión explícita es una pero las denuncias penales para demonizar a cualquier dirigente o activista son otras. El mismo martes fue la ola de 27 allanamientos a comedores y sedes de organizaciones y domicilios particulares, pedidos por el fiscal Gerardo Pollicita y avalados por la Sala I de la cámara federal. La imputación a 22 personas es por haber coaccionado gente para ir a las marchas. Acá aparece de nuevo la cuestión de los comedores: la fiscalía habla de advertencias de no dar comida a quienes no van a las movilizaciones y de quedársela. Como si dijeran que en realidad las que quitan la comida son las organizaciones. Por esa causa judicial no está para nada clara si fueron casos puntuales o una práctica. 
El amparo

Lara Correa explicó en tres puntos por qué considera que se trata de una demanda que cumple con las características de ser colectiva. Primero dice que cualquiera sea la resolución que dicte sería aplicable a todos los comedores inscriptos en el RENACOM y el hecho de que exista la capacidad del "Estado Nacional de brindar asistencia alimentaria en virtud de la Constitución Nacional, los Instrumentos Internacionales y las demás normas y normativas aplicables" habilita que tramite una sola causa "con efectos expansivos". Esto no implica ninguna conclusión sobre el tema pero es un punto de partida. 

El colectivo, precisó, son "aquellas personas --entre los cuales se encuentran los grupos calificados por las y los convencionales constituyentes de la reforma del año 1994 como eternamente desventajados las niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y discapacitados, en los términos del artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional— que asisten a los comedores y merenderos inscriptos en el del Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios". La pretensión es "restablecer la entrega de alimentos e insumos de forma inmediata para el sostenimiento de los comedores y merenderos comunitarios del Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios".

El Estado es demandado por el incumplimiento de sus obligaciones a pesar de que el gobierno libertario intente cambiar y tergiversar el sentido de todo con tal de imponer su política depredadora.