Tal como se suponía, el transporte público fue desregulado y las empresas hacen uso y abuso de los beneficios que le otorgó el gobierno neoliberal de Javier Milei. En esta ocasión, las firmas de larga y media distancia aseguran que ya no tienen la obligación de entregar pasajes gratuitos a las personas con discapacidad, porque dejaron de ser un “servicio público”.

Según trascendió, la cifra en juego es de unos 3.500 millones de pesos mensuales por unos 100.000 pasajes.

Por su parte, el gobierno adelantó que sancionará a las empresas que se nieguen a entregar estos pasajes gratuitos. Esta situación, de hecho, ya ocurre con los boletos a la venta para el próximo fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, cuyo feriado es el 20 de noviembre y se pasa para el lunes 18.

Desde la Secretaría de Transporte informaron que “la desregulación del transporte automotor no eliminó la gratuidad en los pasajes para personas con certificado de discapacidad, por lo que la obligación de las empresas respecto a ofrecer cupos gratis para transportar a los discapacitados sigue vigente”.

“La CNRT -continuaron- está intimando a las empresas que decidieron unilateralmente suspender la emisión de estos servicios”. 

Desde el gobierno describieron que ya fueron sancionadas unas 44 empresas que no cargaron el servicio en el sistema y le exigieron a las cámaras sector que “revean su accionar”.

Todo indica que la cuestión deberá ser saldada por la justicia, ya que las empresas se mantienen firmes en la idea de que no les corresponde hacerse cargo de esos pasajes, por considerar que al ser desregulados quedaron en igualdad de condiciones que otros actores del sector como combis, taxis u ómnibus turísticos.