El Senado convirtió en ley este jueves el proyecto de ley de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero, donde se establece que el Estado deberá contratar al menos el 1 por ciento de la dotación de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigentes.

Por 55 votos a favor, 1 en contra (del cordobés Ernesto Martínez-PRO) y 6 abstenciones, el Senado aprobó el proyecto al que Diputados había dado media sanción dos semanas atrás. Se trata de una iniciativa que lleva como nombre Diana Sacayán y Lohana Berkins, en homenaje a dos activistas del colectivo víctimas de travesticidios.

Los seis senadores que se abstuvieron también pertenecen a Juntos por el Cambio: Roberto Basualdo (PyT-San Juan), Julio Cobos (UCR-Mendoza), Silvia Elías de Pérez (UCR-Tucumán), Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba), Humberto Schiavoni (PRO-Misiones) y Belén Tapia (UCR-Santa Cruz)

La ley garantiza para integrantes del colectivo travestis, transexuales y transgénero un cupo no inferior al 1% de total del personal en organismos del Estado de los tres poderes. También incluye a ministerios públicos, entes públicos no estatales, organismos descentralizados o autárquicos y empresas y sociedades del Estado.

Luego de que se diera lectura del resultado de la votación, integrantes del colectivo que ocupaban lugares en los palcos del recinto se fundieron en abrazos para festejar y se vieron imágenes de júbilo y emoción.

El cupo laboral trans ya rige en el Poder Ejecutivo y ahora se extenderá ese piso de derechos a los demás poderes del Estado, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de esta minoría en relación al mercado de trabajo, producto de la histórica marginación social a la que es sometida.

"Estamos discutiendo algo más que el cupo laboral travesti, trans y transgénero, estamos discutiendo si este colectivo va a empezar a tener los derechos que, como ciudadanas y ciudadanos, les corresponde: derechos humanos, de eso estamos hablando", expresó al abrir el debate la senadora pampeana Norma Durango (Frente de Todos).

La fueguina Eugenia Duré (Frente de Todos) afirmó que "este proyecto de acceso laboral es el resultado de una lucha histórica del colectivo travesti trans y es el resultado de haber transformado ese dolor en sus vidas en resistencia".

"La negación sistemática de derechos y la violencia institucional, física, económica y sexual son las formas de disciplinamiento de las disidencias; es el castigo que pesa sobre las identidades que no se corresponden con la visión heteronormativa", analizó la senadora del Movimiento Popular Neuquino Lucila Crexell.

Entre los beneficios que estipula la ley para este personas pertenecientes a este colectivo se encuentra la posibilidad de ingresar al puesto de trabajo aunque no haya completado los ciclos de formación educativa, aunque se exige como condición que se retomen y finalicen esos estudios.

A su vez, la iniciativa prevé incentivos en las contribuciones patronales de 12 y 24 meses (dependiendo del tamaño de la empresa) en caso de contratar personal de este colectivo.

La ley también contempla el acceso a créditos en el Banco Nación con tasa preferencial para el financiamiento de proyectos productivos de personas de este colectivo, garantizando capacitación para el acceso al beneficio.

Por otra parte, no se tendrán en cuenta los antecedentes contravencionales para el ingreso al trabajo, así como tampoco los antecedentes penales que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral, teniendo en cuenta la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo.

Este último punto contenido en el artículo 7 generó reparos por parte de algunos senadores de Juntos por el Cambio, que se abstuvieron o votaron en contra de ese artículo en particular al considerar que no era adecuado intervenir con una ley específica en cuestiones que regula el Código Penal.